Autoras: Mtra. Perla Jessica García Manzano
Estudiante del Doctorado en Ciencias en Educación Agrícola Superior en la UACH, Maestra en Educación.
Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional de Chimalhuacán.
Dra. Cristina González Pérez
Doctorado en Ciencias por la UACH.
Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional de Chimalhuacán y, Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
cristinagonzalez@teschi.edu.mx
México
Resumen.
El artículo se centra en la importancia del reconocimiento de los Derechos Humanos de las mujeres indígenas, dado que los usos y costumbres de diversos grupos étnicos denigran la condición de la mujer dentro de sus sociedades y en consecuencia violenta abiertamente sus derechos humanos. El estudio de las formas de violencia en las sociedades contemporáneas convoca a poner en diálogo las elaboraciones conceptuales provenientes de distintas disciplinas y enfoques teóricos. Todas las personas y pueblos son libres e iguales, específicamente por cuanto hace a la dignidad, derechos y libertades fundamentales, elementos que fueron reconocidos por las Naciones Unidas desde 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, establecidas en la resolución 217, y registrados en los instrumentos de carácter internacional, relativos a los derechos esenciales de la persona, particular o colectivamente considerada; definidos como todos aquellos derechos que tiene cada hombre o mujer por el simplemente hecho de serlo y formar parte de la sociedad en que vive. (Orozco, et. al. 2002)
Las civilizaciones y culturas existentes en la actualidad se integran, multiplican y enriquecen de la diversidad étnica que constituye el patrimonio invaluable de la humanidad. Estudios recientes realizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inciden en la doctrina internacional en materia de Derechos Humanos, proscribiendo las oprobiosas políticas o prácticas de superioridad de algunos pueblos sobre otros o de unas personas sobre otras, por causas de origen nacional, racial, religioso o cultural; manifestaciones evidentemente discriminatorias, porque a la luz del entendimiento humano son: “racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas”, actos que también tienen repercusión en la inclusión educativa.
Palabras clave: educación, mujeres indígenas, derechos humanos y violencia.
A manera de introducción.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son acuerdos que proporcionan un conjunto de estándares y objetivos alcanzables para reducir las emisiones de carbono, gestionar los riesgos del cambio climático y desastres naturales, y construir bases sólidas para la recuperación de las naciones después de una crisis. El objetivo cinco, corresponde a la Igualdad de Género, pone hincapié en la necesidad de actuar ante los problemas a los que se enfrentan las mujeres a lo largo de su vida y la posición en la que se encuentren, siendo objeto de diversos tipos de violencia, desigualdades y discriminación. Por ello, el artículo tiene la finalidad conceptualizar esos tipos de violencia a las que las mujeres son sometidas, centrándonos en las mujeres indígenas, ellas viven una doble discriminación, por ser indígenas y por ser mujeres, por lo que, enfrentar múltiples obstáculos para poder cumplir sus metas, por ejemplo, el derecho a la educación, en varios lugares aún se impide su acceso. Al atender el objetivo cinco de los ODS se contribuye también a la inclusión educativa y a la vigilancia del objetivo cuatro que promueve una Educación de Calidad.
La violencia es uno de los temas centrales para las ciencias sociales contemporáneas, en México destacan el feminicidio, la desaparición de personas y el incremento de los índices de discriminación por la condición de género. Hannah Arendt, Eric Wolf y Slavoj Žižek, sugieren que la violencia está ligada a la impotencia del poder; analizan desde el feminismo para evidenciar que la violencia contemporánea hunde sus raíces en prácticas que no sólo derivan de conflictos armados, sino que forman parte de otros ordenamientos socioculturales que se manifiestan cada vez con mayor frecuencia en la vida cotidiana.
Desde una perspectiva sociológica, Cisneros y Cunjama, reconocen la diversidad de glosas del término “violencia”, afirman que “lo peculiar de todas estas acepciones es que pueden actuar interrelacionadamente, con lo cual su comprensión se complica y a su vez proliferan otras interpretaciones” (2010: 93). Para caracterizarla deciden separar agresión de violencia, indicando la última es definida como “una fuerza destructora que resuelve las contradicciones antagónicas, una conducta motivada por cuestiones sociales e ideológicas” (2010: 95). Al ser legalizada desde el Estado adquiere un carácter institucional que se vale de diversidad de recursos y alcanza a todos los ámbitos de la sociedad, al grado de dar pie a violencias individuales y colectivas, aseverando que además trasciende el tiempo y el espacio para instaurarse en lo más profundo de la cultura de un pueblo y convertirse en una amenaza, no sólo para el individuo, sino para la colectividad, simplemente porque las violencias a las que nos referimos son construcciones sociales. (Cisneros y Cunjama, 2010: 90)
En el plano del significado, violencia aparece como un término que se usa para dar cuenta de acciones sociales de “ruptura y continuidad pues algunos la contemplan como un acto cruel y depravado, para otros ésta sólo guarda una relación directa con el principio de la competitividad. Desde la antropología, es importante destacar el giro del abordaje del tema, pues en un inicio los estudios enfocados a sociedades y comunidades alejadas del Estado opacaban el tema de la violencia local al incorporarlo como reflejo de tradiciones que pretendían mantener el equilibrio hombre-naturaleza. A partir de la propuesta conceptual sobre una economía mundo, es requisito del modo de producción capitalista (Wallerstein, 1974; Palerm, 1980; Wolf, 1982) que la interpretación de las sociedades marginadas dé un giro, indicando que, lejos de estar aisladas, su aparente segregación es resultado de su fuerte relación con los sectores de la sociedad dominante y hegemónica, por lo que, las manifestaciones de violencia deben entenderse como parte de su relación con sociedades dominantes. En este sentido hablar de violencia es referirse, básicamente, a “relaciones de poder y relaciones políticas (necesariamente asimétricas), así como a la cultura y las diversas formas en las que ésta se vincula con diferentes estructuras de dominación en los ámbitos micro y macrosocial”. (Ferrandiz y Feixa, 2004: 159-160)
Vistas en conjunto, las propuestas elaboradas para definir y clasificar la violencia resumen esfuerzos importantes por ofrecer una interpretación social de su vínculo con la desigualdad y con la necesidad de control social, sea ejercido por el Estado o trasminado por los grupos hegemónicos a través de los medios de comunicación que este mundo globalizado ha interpretado como el cuarto poder, por tal motivo, ejercen dominio en los individuos de manera inmanente. La necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos y personas indígenas, ha generado que los gobiernos de muchos países, singularmente los de América Latina, realicen esfuerzos por adecuar sus leyes internas a los avances contenidos en los instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos de las comunidades indígenas.
Desarrollo.
Entre los sujetos que se les ha considerado más pobres y marginados están las mujeres indígenas, que pueden ser estimadas como grupos minoritarios, pero que aunque se encontrarán debajo de la línea de pobreza extrema, deben ser satisfechas sus necesidades, sobre todo, porque una de las características de mitad del siglo XX y XXI es la masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, lo que implica la disminución de la brecha de género. Sin embargo, siguen siendo discriminadas por tres condiciones básicamente: ser indígenas, ser mujeres y ser pobres, inclusive, con frecuencia los sistemas sociales de usos y costumbres de sus propias comunidades también las excluyen.
Las políticas de desarrollo indígena con enfoque de género son todavía incipientes, la falta de información actualizada y desagregada por sexo dificulta el diseño de programas adecuados y limita la acción pública. Con el propósito de revertir esta situación la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), inició un proyecto para visualizar en las estadísticas los rezagos educativos, de salud y de acceso a bienes y servicios, así como las desigualdades de género que existen en los pueblos indígenas. La información por sexo permite leer la forma en que se materializa la construcción social (profundamente desigual) de los roles de género, los cuales aún se encuentran arraigados en la sociedad y sobre los que se deben incidir a partir de acciones públicas.
Según datos existen aproximadamente 636 720 mujeres monolingües, frente a 371 083 hombres, esto las deja en desventaja comunicativa, lo que genera que, aunque quisieran no podrían insertarse al mercado laboral formal; su rezago educativo se incrementa según el nivel de escolaridad: el porcentaje de niñas que concluyó la educación primaria es de 64.3%, el de los niños es de 68.1%; en la secundaria el 31.7% de las jóvenes concluyó sus estudios, frente al 35.9% de los varones (López, B. 2002). Ambos fenómenos están intrínsecamente relacionados con la deserción escolar de las niñas, a quienes se les niega la oportunidad de continuar sus estudios, pues las obligan a dedicarse a las labores domésticas. Cuando esto sucede sobre todo en primaria, se acentúa la tendencia al analfabetismo y al monolingüismo en mujeres. Sin el beneficio de una segunda lengua y sin instrucción escolar, las indígenas no sólo quedan al margen de mejores oportunidades de empleo, además se encuentran en desventaja educativa.
Siguiendo con la idea, algunas mujeres se entrevistaron en la localidad de Xalacahuantla, municipio de Tianguistengo, Hidalgo, en el año 2016, comentaban con relación al uso de otras lenguas que las mujeres que hablaban el español eran “mal vistas”, inclusive, la población las apedreaban si las escuchaban usarlo, incluso no importaba si lo tenían que usar para bajar programas sociales emanados de la administración pública o vender sus productos, pues la única lengua permitida era el náhuatl, en este sentido se observa que, los usos y costumbres de la misma comunidad discrimina y violenta a las mujeres que se encuentran instruidas en una segunda lengua.
Derivado la baja incidencia de estudios que fue señalado en párrafos anteriores, las mujeres suelen no conocer sus derechos y, en consecuencia, no pueden ejercerlos. Esto se traduce, a su vez, en más pobreza y en mayores desventajas respecto de los hombres de sus comunidades, generando relaciones de poder asimétricas, perpetuando así, los sistemas de usos y costumbres que determinan que las mujeres queden fuera de los rituales y tomas decisionales de la vida colectiva, incluso invisibilizando su labor en y para el desarrollo de sus comunidades. Una de las deudas de México es la de brindar mayores y mejores servicios a la población indígena, que durante siglos ha vivido en el rezago social y económico. Aún en nuestros días se pueden encontrar comunidades indígenas que viven con carencias y con necesidades no satisfechas, como aquellas que tenían la mayoría de los mexicanos hace más de cien años; clara evidencia de que han quedado al margen de los avances tecnológicos, científicos y económicos. La comunidad estudiada en Hidalgo, no cuenta con internet, centros de salud, servicios de agua potable, ni otras fuentes de trabajo distintas al campo, lo que sigue vulnerando sus Derechos Humanos.
Si bien las inequidades de desarrollo humano se visualizan en diversas regiones del país, aquellas con poblaciones indígenas se encuentran aún más desfavorecidas por ser mujer indígena. Fundamental relevancia tienen las relaciones de género, entendidas como la “construcción teórico-metodológica que analiza: la construcción social de la diferencia sexual, las relaciones desiguales de poder (entre mujeres, entre hombres, y entre hombres y mujeres), así como propone el cambio a la igualdad y equidad de género en las sociedades” (Alberti, 2014); el empoderamiento cuyo objetivo es dar poder alternativo donde se reconstruya la equidad entre los géneros y las clases y se modifiquen las relaciones patriarcales de poder (Lagarde, 1991) y, el desarrollo de políticas tendientes a alcanzar la equidad genérica como requisitos indispensables para lograr el desarrollo sostenible. Si bien las oportunidades para las mujeres, tanto a nivel nacional como estatal, han aumentado paulatinamente y la brecha entre el Índice Desarrollo Humano y el Índice de Empoderamiento de Género se ha cerrado durante el periodo 1990-2000; entendida esta como la pérdida en desarrollo humano debida a la desigualdad entre géneros, dichas inequidades aún existen o por lo menos eso es lo que evidencian los estudios sobre los pueblos originarios.
Entre los pueblos indígenas convergen múltiples rezagos, exclusiones y discriminación que provienen de prácticas sociales y culturales, donde la exclusión étnico-racial ha jugado un papel preponderante. Trayendo a colación la experiencia en campo en 2016, se logró observar por ejemplo en Tianguistengo, Hidalgo, que las mujeres no podían acceder a los puestos de toma de decisiones como son la delegación o presidentas de Comité de Agua Potable (CAP), dado que, apelando a sus usos y costumbres, que se constituyen en norma de actuación comunal, ellas no pueden trabajar en estos sitios porque implican poder físico, que por “cuestión biológica se considera que no tienen”; tiempo, que no poseen por “ser madres, hijas o esposas con obligaciones domésticas” que deben dejar “listas antes de salir de casa y hacerse de un cargo público”, además les da poder de gestión pública y “una mujer no debe andar en la política porque es chismosa”. Tampoco podían participar si eran viudas o separadas de sus esposos, porque el cargo les serviría para andar de “locas o putas quita maridos”, como se lee, son violentadas por su condición civil y participación pública en la que se encuentran, aunque obtengan beneficios comunitarios.
Ante la indiferencia al reconocimiento de las diferencias, es necesario reivindicar el derecho de las mujeres indígenas a la diferencia cultural y a la vez el derecho a cambiar aquellas tradiciones que las oprimen, las violenta o excluye. Son cuestionables los discursos hegemónicos que siguen planteando la existencia de una identidad nacional mono cultural, pero a la vez de frente a las propias comunidades y organizaciones, se requiere ampliar el concepto de cultura al cuestionar visiones estáticas de la tradición y trabajar en la reinvención de esta. También es impostergable repensar el multiculturalismo y la autonomía desde una perspectiva dinámica de la cultura, que a la vez que reivindica el derecho a la autodeterminación, lo hace a partir de una concepción de la identidad como construcción histórica que se está formando y reformulando cotidianamente.
Conclusión.
Se sostiene que la atención a todas las formas de violencia es inexcusable, pues cada una de ellas responde a aspectos particulares de desigualdad, por ello, se considera que se requiere ubicar los contextos económicos y políticos en que se ejerce y manifiesta la violencia, puesto que es reflejo del modelo económico en que se vive y de las estructuras de poder que prevalecen en todos los niveles de gobierno y por qué no decirlo, mundial. Asimismo, la violencia debe forjar consciencias, con ello se contribuirá a la comprensión de los fenómenos en los que se encuentran insertas las mujeres, disminuyendo su discriminación. Además, se enfatiza en la necesidad de implementar sistemas de acompañamiento en los procesos de reconstrucción de la participación de las mujeres como sujetos activos en la vida comunal, con lo que se beneficia a su protagonismo colectivo, permitiendo el avance y desarrollo de las comunidades indígenas a las que pertenecen y su inserción en el ámbito educativo, que les concederá contribuir al desarrollo de su entorno social y familiar.
Bibliografía
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