Una compilación de documentos, para entender la realidad económica y política en México, entorno al reciente triunfo de la izquierda. Éste repositorio de documentos fue realizado por el Lic. José David Fragoso Cedillo, en junio de 2018
A manera de introducción.
En México, la generalidad de la población, lucha por lograr una mejor calidad de vida, muy acorde a lo que nuestros padres, abuelos, padrinos y hasta alguna publicidad nos inculcan sobre este tema.
Mi padre, en especial, me decía: “El que estudia, gana más y trabaja menos”.
Bajo este tema, mi intención siempre fue la de saber y conocer cada vez más, al grado que pensé, si lograba acumular una gran cantidad de conocimiento, de varias disciplinas, lograría de manera más fácil alcanzar la tan ansiada meta de lograr una mejor vida económica, sin tanto esfuerzo.
Al paso del tiempo, y de la gran cantidad de empleos en los que me he desarrollado, me di cuenta de que efectivamente, se logra una mejor estabilidad en la vida laboral, pero difícilmente se logra la tan ansiada vida apacible y estable, pues ha sido a base de esfuerzo y de abandonar (por algún tiempo) a la familia en aras de buscar mejores condiciones de vida, que he alcanzado una cierta estabilidad económica, lejos aún del emotivo sueño de la infancia.
Por esta razón, y por las experiencias recibidas durante mi vida, es que consideré necesario el buscar bibliografía suficiente que permita -a los que se atrevan a leer este compendio- entender mejor el mundo en que les ha tocado vivir, sobre todo ahora que se presenta la posibilidad de lograr un cambio en el rumbo de nuestro país. Pero no es posible hacer un cambio, si antes no se entiende el contexto histórico de México y la actualidad en la que está sumergido.
Las lecturas que anexo, provienen todas en internet, por lo que antes de que se me acuse de plagio, indico que al final de cada texto, están las ligas de internet para que los interesados puedan abundar en mayor información, y quiero además puntualizar que los textos que he escogido, tienen como objetivo, el poder hacer un análisis comparativo entre lo que se vivió en el pasado reciente en México, contrastado con las experiencias presentes que algunos escritores nos comparten de otros países cuyos gobiernos marcaron rumbos similares, y con problemas casi calcados, muchas de ellas ya pasadas para ellos y que hoy vivimos intensamente en nuestro país.
Por último, quiero comentar que en todos los textos he subrayado, resaltado en negritas o con marca-texto, algunos párrafos que considero relevantes y comparables con nuestra realidad actual y pasada. Y que las letras o textos en script son comentarios propios, no sea que se los adjudiquen por error al autor de los textos, y esto pueda tener consecuencias nefastas en ambos casos.
Al final del compendio, me he permitido también hacer un planteamiento a manera de resumen, con el objeto de buscar en los lectores un razonamiento que induzca a mejorar sus expectativas, tanto educativas como profesionales, pero sobre todo, en busca de una mejor decisión al momento de emitir el voto. Igualmente busco evitar que la publicidad política que hoy nos está ahogado, influya de manera definitiva y a futuro del rumbo que cada uno de ustedes deba tomar para lograr, con su colaboración, un mundo mejor.
Antes de que inicien la lectura, quiero reproducir tres frases muy importantes en este momento histórico que vivimos. Las dos primeras son de Benito Juárez García:
-“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
-“La constancia y el estudio hacen a los hombres grandes, y los hombres grandes son el porvenir de la Patria”.
La tercera es de John Fitzgerald Kennedy:
– “No preguntes qué puede hacer tu país por ti… pregunta qué puedes hacer por tu país”.
Definición de Neoliberalismo:
Diccionario: Movimiento de actualización del liberalismo, aparecido después de la Primera Guerra Mundial, que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos.
Podemos definir al Neoliberalismo como el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defiende la no participación del Estado en la economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. De acuerdo con esta doctrina, no debe haber plena libertad de comercio (libre comercio), ya que este principio garantiza el crecimiento económico y desarrollo social de un país. Surgió en la década de 1970 a través de la escuela monetaria de Milton Friedman como una solución a la crisis que afectó a la economía mundial en 1973, causada por el excesivo aumento de los precios del petróleo.
El neoliberalismo surgió en 1930, como una manera de superar la crisis de la Bolsa de Nueva York en 1929, que puso en jaque al mercado de valores. Además, en su conjunto de teorías e ideologías, el neoliberalismo impulsa el fortalecimiento de las economías nacionales, pero a partir de una división del trabajo pensado a gran escala, para de ese modo poder ingresar en un proceso de globalización, lo cual se denominó división internacional del trabajo, donde cada país fortalecía e impulsaba su economía en un sector específico: en el caso de los países de América Latina, la agricultura, la ganadería y otras actividades primarias fueron los principales motores de inserción en esa división internacional, mientras que los países europeos y Estados Unidos empujaron su capacidad industrial y desarrollo tecnológico.
Quienes defienden al neoliberalismo, llamados neoliberales, muestran su claro apoyo a la liberalización en materia de economía, lo cual implica que los mercados sean totalmente abiertos, fomentando de este modo el libre comercio, a partir de una desregulación de los mercados.
Además, el neoliberalismo tiene otra característica fundamental que es la privatización, por la idea de que la administración privada es más eficiente y adecuada que la administración pública. Por eso, de este modo se “achica” la intervención del Estado tanto en lo que hace referencia a la regulación del mercado como así también al gasto e inversión pública en materia de caminos y rutas, educación, salud, etc.
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Como un “revivir” de esa división internacional del trabajo, durante los años ’90 se relató el Consenso de Washington, que se trataba de un listado que incluía políticas económicas aconsejadas para América Latina con el objetivo de empujar su crecimiento. Este listado fue elaborado por diferentes organismos financieros a escala internacional en la ciudad de Washington DC y se transformó en el programa aplicado por varios países de América Latina, como Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile.
Algunas medidas tomadas por los gobiernos, de acuerdo a ese programa general que era el Consenso de Washington fue privatizar la recaudación de aportes a la seguridad social, el achicamiento del gasto público en salud y educación, que llevó a la creación de escuelas privadas y de servicios de medicina de paga, la no inversión en el sector del transporte público, la casi nula presencia de programas sociales a sectores sociales vulnerables, etc.
Toda similitud con nuestro entorno actual, no es mera coincidencia. Es el resultado de la aplicación de una política económica de desincorporación promovida por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) en México, como una propuesta alterna que nos llevaría por el “camino correcto” hacia el “primer mundo” y convertirnos en un país próspero, basando esta prosperidad en un cambio en la estrategia económica y estableciendo un periodo de apertura económica consistente en privatizar las empresas estatales. Durante la administración de Miguel De La Madrid se desincorporaron 742 empresas al pasar de 1155 en 1982 a 413 en 1988. (Texto del compilador).
Fuentes: https://definicion.mx/neoliberalismo/
http://conceptodefinicion.de/neoliberalismo/
PRIMEROS PASOS.
Las privatizaciones en México. (Privatizations in Mexico)
Emilio Sacristán Roy. Profesor de la Facultad de Economía, UNAM, 2006. emilio.sacristan@transport.alston.com
Resumen
La rapidez con que se extiende por el mundo el movimiento privatizador se explica en parte porque coincide con la desilusión generalizada hacia el Estado promotor y sus excesos. Los límites del enfoque racional del Estado benefactor permitieron que los conceptos básicos de la economía neoliberal encontraran una nueva preeminencia. En México, el cambio coincide con el inicio del gobierno del presidente De la Madrid y el desprestigio de los excesos de los gobiernos priístas anteriores. Se abandona la política progresista y nacionalista y se adopta una política de carácter neoliberal.
Abstract
The rapid spread of privatizations throughout the world is explained in part because coincides with the generalized disillusionment with the promoter state and its excesses. The limits of the rational focus of the welfare state made it possible for the basic concepts of neo-liber economics to come to the fore once again. In Mexico, this change coincided with the beginnings President De la Madrid’s administration and the discrediting of previous PRI government excesses. a| progressive, nationalist policy was abandoned and a neo-liberal policy adopted.
El presente artículo tiene por objeto hacer un recuento general de la política de privatizaciones, así como una evaluación de la misma.
No se relatan todas las privatizaciones, pero sí los procesos más importantes.
Introducción
La privatización de empresas estatales empieza en el mundo con el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido, y esta política se extiende a diversos países. Entre los países en desarrollo y en América Latina, Chile es el país que inicia este proceso y lo lleva a cabo de la manera más vigorosa. En el ámbito internacional, la privatización se convierte en una de las recetas de la sana política económica recomendada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El secretario del Tesoro de Estados Unidos también hace suya esta receta. Es seguida en todos los ámbitos internacionales y se pregona a la privatización como sinónimo de “modernización”, “eficientización” y “saneamiento de las finanzas públicas”.
La rapidez con la que se extiende por el mundo el movimiento privatizador se explica en parte porque coincide con la desilusión generalizada hacia el Estado promotor y sus excesos. Los límites del enfoque racional del Estado Benefactor permitieron que los conceptos básicos de la economía neoliberal encontraran una nueva preeminencia.
En México, el cambio coincide con el inicio del gobierno del presidente Miguel De la Madrid y el desprestigio de los excesos de los gobiernos priístas anteriores. Se abandona la política progresista y nacionalista y se adopta una política de carácter neoliberal.
El proceso de privatización tiene tres etapas: en la inicial, de 1984 a 1988, se realiza la privatización de varias empresas de diversa índole y actividad; en la segunda, de 1988 a 1999, se realiza ya la privatización a fondo de varios sectores, como los de siderurgia, banca y teléfonos; y en la tercera, de 1995 a 2000, se profundiza aún más el proceso y se realizan cambios constitucionales para vender los ferrocarriles y la comunicación vía satélite. En este documento revisaremos el período inicial y luego examinaremos los distintos sectores económicos en los que se llevó a cabo la privatización.
Se procede inicialmente promulgando la Ley de Entidades Paraestatales, en la que se clasifican los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria como estratégicos, prioritarios y no prioritarios; y se ordena todo el sector paraestatal conforme a estos criterios. De esta manera se inicia la privatización de aquellas empresas clasificadas como no prioritarias y, para apoyar esta acción, se reclasifican los ferrocarriles, entre otras empresas, de prioritarios a estratégicos, realizándose una modificación constitucional para justificar su clasificación como organismo paraestatal no privatizable. Diez años después se decidió deshacer ese cambio.
La privatización forma parte de un proceso más amplio llamado “desincorporación del sector paraestatal”, que está conformado por
1) La liquidación de empresas o extinción de fideicomisos,
2) Las fusiones,
3) Las transferencias a los gobiernos estatales y
4) Las ventas en sí.
En estricto sentido, la privatización se refiere al último rubro, las ventas.
De 1982 a 1988 la desincorporación se dio como sigue: 294 liquidaciones y extinciones, 72 fusiones, 25 transferencias y 155 empresas vendidas al sector privado o al sector social. (546 empresas)
Tan sólo se privatizarían, en un principio, las empresas no prioritarias. La gran mayoría de ellas filiales de Nacional Financiera y de Somex. En el primer caso, se habían acumulado en el organismo un gran número de empresas de participación estatal mayoritaria, algunas por promoción deliberada y otras para rescatarlas y evitar su quiebra en manos del sector privado.
En el segundo caso, SOMEX originalmente fue una financiera privada dedicada a la promoción industrial. Contaba con una gran cantidad de empresas filiales (y al ser nacionalizada, todas estas filiales pasaron a ser empresas de participación estatal).
A partir de 1984, tan sólo se privatizan ciertas empresas selectas, en su mayoría, como se dijo, filiales de NAFINSA y de SOMEX, que se vendieron a los socios privados, nacionales y extranjeros. Ése fue el caso de DIRONA, DICONA, FORJAMEX, SOSA TEXCOCO, etcétera. Se trataba de empresas rentables, y si el precio de la privatización fue correcto es difícil saberlo. Podemos suponer que fue razonable, si bien con cierto castigo. Este proceso fue un poco desordenado y casuístico, y definitivamente no tuvo la transparencia que se hubiera deseado.
En esta etapa se vendieron 155 empresas de participación estatal mayoritaria, entre las que cabe destacar Tereftalatos Mexicanos, que se vendió en 106 millones de dólares.
La siguiente etapa fue mucho más difícil, pues se trataba de vender empresas de baja rentabilidad o de rentabilidad negativa o dudosa. Aquí fue necesario sanear a estas empresas para hacerlas atractivas; otras fueron traspasadas a los sindicatos, como fue el caso de varias que se vendieron a la CTM.
Industria siderúrgica
SIDERMEX, como se llegó a llamar al conjunto de las tres siderurgias en manos del gobierno, estaba conformada por Altos Hornos, S.A., Fundidora Monterrey, S.A. y Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. de C.V.
La primera, Altos Hornos, S.A. (AHMSA), fue resultado de una promoción originalmente privada durante la época de la II Guerra Mundial; enseguida fue tomada por Nacional Financiera, que la promovió y apoyó en su crecimiento. Durante casi dos décadas fue una de las filiales más rentables de NAFINSA.
Fundidora Monterrey, S. A., de promoción privada, fue la primera siderúrgica de América Latina que se desarrolló y creció en forma sana, hasta su última expansión. Ésta fue en su mayor parte financiada con créditos de plazo no suficientemente largo y en moneda extranjera. Así, la empresa llegó a una crisis financiera profunda con la devaluación de 1976 y NAFINSA, para evitar su quiebra, la absorbió capitalizando créditos y garantías. Y SICARTSA, que sí fue una promoción deliberada del Estado a través de NAFINSA, estuvo destinada a explotar yacimientos ferrosos en la zona cercana al puente de Lázaro Cárdenas.
Las tres empresas de SIDERMEX, altamente financiadas con créditos en moneda extranjera, fueron seriamente afectadas con las devaluaciones de 1976 y de 1982, al grado que NAFINSA no pudo realizar su saneamiento, y el gobierno federal no autorizó capitalizaciones. En consecuencia, Fundidora de Monterrey entró en un proceso de liquidación y las otras dos, algunos años después, se pusieron a la venta.
El gobierno asumió pasivos por cerca de 6000 millones de dólares (2500 AHMSA, 1000 SICARTSA I y 2500 SICARTSA II), sin contar que en el cierre de Fundidora se absorbieron pasivos por otros 2000 millones de dólares.
Esta asunción de pasivos saneó financieramente a las tres empresas, pero aun así se decidió liquidar a Fundidora y privatizar a las otras dos. La operación de venta o privatización se realizó por la unidad que se creó ex profeso para las privatizaciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El resultado de la gestión de venta fue que las empresas prácticamente se regalaron: Por SICARTSA I se obtuvieron 164 millones de dólares; por SICARTSA II, 170 millones de dólares, y por AHMSA, 145 millones de dólares. Un total de 755 millones de dólares, frente a un capital contable que se estima por el autor en por lo menos 6000 millones de dólares (recuérdese que los pasivos fueron absorbidos por el gobierno federal).
Sería muy interesante que la SHCP hiciera públicas todas las cifras relativas a esta operación. El bajo precio se explica en parte porque la privatización se hizo cuando los precios del acero estaban deprimidos.
El hecho es que SICARTSA I y II, ya privadas, continuaron siendo empresas rentables. AHMSA, a pesar de privatizarse a precios tan reducidos, volvió a caer en quiebra, y no es sino hasta ahora, por los elevados precios del acero, que parece que podría salir adelante. (Recuérdese que este artículo se publicó en el año 2006).
Sobre la privatización, acaso valga la pena destacar un hecho: ISPAT, gran consorcio acerero indio, después de comprar SICARTSA II al precio antes mencionado, vendió el molino de placa que formaba parte de los activos de la empresa -si bien no se había instalado y continuaba empacado- a un precio del doble de lo que pagó por toda la empresa.
Bancos
El sistema bancario fue nacionalizado al final de la administración del presidente José López Portillo, en un esfuerzo un tanto desesperado por mantener cierta autonomía financiera. Durante ocho años, los bancos funcionaron razonablemente bien y, salvo algunas excepciones, la situación financiera de los bancos fue, en general, sana.
La nacionalización de la banca de 1982 tenía que ser rectificada según la nueva doctrina económica iniciada con el presidente De la Madrid y continuada por el presidente Carlos Salinas. Así, en 1990 se anuncia la privatización del sistema bancario.
Se subastaron los bancos uno a uno, estableciéndose dos restricciones que parecían entonces muy acertadas: no se venderían a bancos o a intereses extranjeros, ni tampoco a sus antiguos propietarios. Las ventas se realizaron a grupos relativamente nuevos que se apalancaron en exceso para la compra de los bancos.
En general, los precios de venta fueron razonablemente buenos. Los 18 bancos se vendieron a precios que fluctuaban entre 2.5 y 5 veces el valor en libros registrado en los bancos. Se obtuvieron casi 38 mil millones de nuevos pesos (casi 10 000 millones de dólares).
Ya sea por el excesivo apalancamiento en la compra, o por la falta de experiencia de los nuevos banqueros y su expectativa de utilidades rápidas, los distintos bancos fracasaron. De una u otra forma casi todos ellos acabaron endeudándose desproporcionadamente con el FOBAPROA y luego el IPAB. El hecho es que el gobierno gastó, en apoyo a los bancos, dos o tres veces más de lo que recibió por la venta.
En muchos casos, el endeudamiento condujo a que se entregara la administración de algunos bancos al propio FOBAPROA/IPAB, mientras que otros bancos, aunque endeudados, continuaron con su propia administración.
De hecho, el sector se había vuelto a “nacionalizar”, lo que nunca se quiso reconocer por parte de las autoridades gubernamentales. En cambio, se prefirió que los bancos extranjeros compraran este capital, y la banca se extranjerizó, lo que algunos aplaudieron como un nuevo logro de la globalización.
Hoy la gran mayoría de los bancos son mayoritariamente extranjeros, y su administración está en manos extranjeras. Y tampoco, a la fecha, se puede decir que el sistema bancario cumple con su función social. En la última Convención Nacional Bancaria se reconoció que se está muy lejos de atender razonablemente todas las necesidades de crédito.
Industria azucarera
En las décadas de los sesenta y setenta los ingenios azucareros estaban fuertemente endeudados, con equipos viejos y una productividad deficiente. Esta situación fue el resultado en gran medida del Contrato Ley de los Trabajadores y del Decreto Azucarero que protegía a los ejidatarios y a los pequeños productores; esto adicionado a un precio controlado y un precio internacional sin ventajas competitivas. Dado el estado de cuasi quiebra de la mayoría de los ingenios, éstos se enfrentaron a la disyuntiva de entregar las acciones al gobierno (Fideicomiso del Azúcar) o sujetarse a procesos de quiebra; y procedieron a lo primero.
Se crea entonces un muy poderoso organismo, ONISA, que opera 52 ingenios. La única verdadera agroindustria en México, está protegida por el gobierno, y aun así los ingenios, ahora públicos, continúan endeudándose y envejeciendo. Con la intención de volverlos a la productividad, se crea Azúcar, S.A., que hereda a ONISA. Sectorialmente, este organismo depende de la Secretaría de Industria y Comercio, enfrentándose a Finasa, que financia a la industria azucarera y responde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La SHCP prepondera, y los ingenios se privatizan limpios de pasivos, aun cuando algunos cierran. El precio que se obtiene por la privatización de 33 ingenios es de 325 millones de dólares.
Transcurre el tiempo y los ingenios privados vuelven a endeudarse, pues siguen enfrentando un difícil Contrato Ley y el Decreto Azucarero. A principios del gobierno del presidente Vicente Fox se expropian varios ingenios, pero los dueños se amparan y aparentemente los ingenios habrán de ser devueltos, si bien queda pendiente el pago que deberá hacer el gobierno por daños y perjuicios a los industriales azucareros que ganaron sus amparos.
En todas estas sucesivas privatizaciones la industria azucarera no se reconstruye, y el gobierno, a lo largo de los años, ha pagado altos costos.
El asunto no está concluido. Se pretendió dejar sin efecto el decreto cañero mediante una ley que establecía un libre mercado de la caña. Las protestas de los cañeros obligaron al gobierno a dar marcha atrás.
Fertilizantes
Fertimex, S.A., que producía a finales de los ochenta más de 3 millones de toneladas al año, se divide en un sinnúmero de unidades y se privatizan sus diversas plantas.
Se vendieron trece unidades a distintos compradores, todas ellas por un valor de 317 millones de dólares. La unidad de Pajaritos (Coatzacoalcos, Veracruz) por sí sola se vende en 151 millones. En todos los casos, los precios de venta fueron muy castigados, en comparación con su valor en libros.
Al cabo de los años, no queda en pie ninguna de ellas (con la excepción de dos pequeñas plantas). Los fertilizantes ahora se importan casi en su totalidad. La industria desapareció, en gran medida porque el amoniaco vendido por PEMEX tenía un precio más alto que los propios fertilizantes producidos con este insumo. Hoy día, también la planta de amoniaco de PEMEX está abandonada.
La política deliberada de apoyar el campo, mediante una amplia y barata oferta de fertilizantes, se abandonó por no comprenderse dentro del marco de políticas de corte neoliberal. Similar suerte corrieron las distintas agroindustrias que se privatizaron a raíz de la disolución de CONASUPO.
Teléfonos
La privatización de Teléfonos de México es bien conocida, pero acaso valga la pena recordar sus principales características.
La privatización se realizó como sigue: primero, se estableció en la empresa un título de concesión, donde se especificaban los ajustes y metas cuantitativas para la telefonía de larga distancia internacional, nacional y de servicio local, así como otros servicios conexos. Simultáneamente, se reestructuró la empresa en su capital y sus tarifas, y se realizaron ajustes fiscales y un convenio de flexibilización de actividades con el sindicato.
La venta se realizó en dos etapas. La primera comprendió el capital social por 2 085 millones de dólares, por 100% de las acciones comunes, reservando al sindicato 4.4% del capital social. El resto se vendió a un grupo constituido por el Grupo Carso, Southwestern Bell y France Cables et Radio.
La segunda etapa se realizó en 1991 y 1992, y se colocó, en diversas bolsas del mundo, 4 240 millones de dólares de acciones preferentes.
Aparentemente, los nuevos dueños cumplieron con las principales exigencias del título de concesión, pero también gozaron de un lapso de privilegio monopólico que les redituó en forma importante. Si el precio fue justo o no es difícil juzgarlo, pero las importantes utilidades que la empresa reportó después de la privatización podrían indicar que el precio fue castigado.
La modernización de las empresas sí parece haberse realizado, y la operación se ha desempeñado satisfactoriamente. Las inversiones previstas se realizaron financiadas principalmente por la propia empresa.
La principal crítica que puede hacerse es que las tarifas se incrementaron antes de la privatización y justo después, y aunque después han venido reduciéndose gradualmente, aparentemente aún están por encima de las que privan en otras partes del mundo.
Ferrocarriles
La privatización de los ferrocarriles, realizada durante 1994, se inició con la privatización de los talleres de mantenimiento y la flota de locomotoras asignadas a ellos. Esta privatización parcial sirvió de modelo para el planteamiento general posterior, especialmente en lo que se refiere a la solución obrera, debidamente consensuada con el sindicato.
Se decidió la privatización integral por el Ejecutivo a principios de 1995, para lo que fue necesario reformar el artículo 28 constitucional, que reservaba al Estado (sólo desde 1985) la operación de los ferrocarriles. Se derogó ese precepto y se promulgó una Ley reglamentaria de los ferrocarriles, que contemplaba la privatización misma.
En principio se decidió que no se podría privatizar Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) en su conjunto, a fin de no repetir la privatización de un monopolio, como sucedió con Teléfonos de México; así, el sistema ferroviario se debería dividir. Esto planteaba una disyuntiva: la empresa podría a) dividirse en varios ferrocarriles integrados verticalmente, o b) dividirse horizontalmente: infraestructura, operación, comercialización, etcétera. (Este último fue el esquema adoptado por el Reino Unido.) Se optó por la primera vía, en gran parte por constituir la modalidad que privaba en Estados Unidos y Canadá, con los que el sistema ferroviario mexicano se conectaba. Esta opción tenía la desventaja de convertir el sistema ferroviario, de un solo monopolio a tres monopolios, debido a lo cual se buscó construir la mayor competencia entre los ferrocarriles, aprovechando que la geografía lo permitía, estableciendo asimismo un sistema de derechos de paso en el que un ferrocarril pudiera transitar por las vías del otro. Esto último, en la práctica y después de la privatización, no funcionó como originalmente es esperaba.
El proceso de privatización se realizó en forma bastante transparente, tratando de evitar al máximo las posibilidades de corrupción. FNM se dividió previamente en distintas unidades administrativas y operativas correspondientes a los ferrocarriles regionales. A éstas, el gobierno federal otorgó concesiones de explotación ferroviaria de carga y las dotó de los equipos e instalaciones necesarios para operar.
Se licitó cada ferrocarril. El primero que se privatizó fue el del Noreste, resultando una licitación muy competida en que Transportación Marítima Mexicana (TMM) y Kansas City Southern (KCS, ferrocarril estadounidense de mediano tamaño) pagaron un precio muy alto por el ferrocarril. Éste cambio su nombre a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM).
La segunda privatización resultó al revés, pues los tres interesados se pusieron de acuerdo en una sola postura y pagaron un precio muy bajo (apenas arriba del precio mínimo establecido). El tercer ferrocarril se vendió a buen precio, así como los dos pequeños restantes. Además, hubo una terminal en el Valle de México, propiedad de los tres grandes y del gobierno federal.
Se habla de que fue una privatización exitosa. En efecto, el gobierno obtuvo más de 2 000 millones de dólares por ella; los ferrocarriles privados han invertido las cantidades previstas y ha mejorado notablemente la eficiencia y fiabilidad del ferrocarril. Del producto de las privatizaciones se formó un fondo de pensiones (el primero en México) para los 50 000 jubilados de FNM hasta el momento de la privatización. El costo para el gobierno consistió en la liquidación de la mano de obra no jubilada, 30 000 trabajadores de 1990 a 1996, y otros 20 000 de 1997 a 1999. Este costo a lo sumo ascendió a 300 millones de dólares. Tan sólo 20 000 trabajadores fueron recontratados por los nuevos ferrocarriles. El organismo FNM en liquidación se quedó con activos que deben hacer frente a los pasivos, la mayoría de ellos de carácter laboral.
En retrospectiva, se pueden hacer dos críticas a la privatización: la primera, que por TFM se pagó en exceso y por Ferromex en defecto, lo cual ha exacerbado la rivalidad entre los ferrocarriles; y la segunda, que los derechos de paso que se establecieron no han operado en general, y la rivalidad -que se esperaba llegaría a promover un clima de eficiencia- resultó excesiva, obstaculizando la interconexión entre los mismos ferrocarriles en detrimento del usuario.
En últimas fechas ocurrieron dos eventos que arrojaron nubes adicionales al supuesto éxito de la privatización: 1) TFM, el ferrocarril más importante, se volvió 100% propiedad extranjera, pues TMM vendió su 51% a Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.; y 2) Ferromex adquiere del Grupo Carso 100% del capital de Ferrotur, con la intención de fusionar los dos ferrocarriles en uno solo. El resultado será que el sistema ferroviario contará con dos ferrocarriles 100% extranjeros y dos mayoritariamente nacionales.
Aeropuertos
La decisión de privatizar los aeropuertos vino poco después de la privatización de los ferrocarriles. No está muy generalizada en el mundo la experiencia de aeropuertos privados, fuera del caso del Reino Unido donde seis aeropuertos fueron privatizados. Es más frecuente que dentro de un aeropuerto existan terminales privadas u otras combinaciones públicas y privadas. Pero la decisión política mexicana fue la de privatizar integralmente los aeropuertos, para lo cual se consideraron aquellos aeropuertos rentables -35 de los 57 operados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)- y se organizaron cuatro paquetes formados de la siguiente manera:
- Grupo Sureste (9 aeropuertos).
- Grupo Pacífico (12 aeropuertos).
- Grupo Centro Norte (13 aeropuertos).
- Grupo Ciudad de México (1 aeropuerto).
Se concluyó la privatización con la venta de 15% del capital social de los tres grandes grupos al consorcio operador ASUR (del sureste), GAP (del Pacífico) y GACN (del centro norte), pagándose por los tres grupos 450 millones de dólares. El resto del capital social se habría de colocar en la bolsa de valores. A la fecha, tan sólo se ha colocado 85% restante de dos de los tres grupos, a precios mejores de los previstos. Del tercer grupo aún resta por colocar 49% del capital social. (2006).
En general, los grupos han cumplido con sus compromisos de inversión y los aeropuertos operan razonablemente bien. El problema de esta privatización es que cuando ASA era prioritaria no costaba nada al gobierno, antes al contrario, le proporcionaba importantes ingresos: cerca de 1,000 millones de pesos al año. Y esto, a pesar de que con los excedentes de los 35 aeropuertos rentables se pagaban los déficits de los 22 aeropuertos perdedores. Hoy día ASA, con las ganancias del aeropuerto de la Ciudad de México, mantiene a los aeropuertos deficitarios que no se han trasladado a los gobiernos estatales.
Líneas aéreas
Las líneas aéreas han sido objeto de una verdadera danza entre privatización y estatización. Las dos compañías se iniciaron como empresas privadas, pero su gradual endeudamiento resultó en que el gobierno las absorbió para asegurar su permanencia.
En la década de los setenta Compañía Mexicana de Aviación se privatizó, mientras Aeronaves de México permaneció en manos del gobierno; pero a los pocos años, Mexicana, por su excesiva deuda, fue nuevamente absorbida por el Estado.
En 1989, la unidad de desincorporación de la SHCP privatizó ambas empresas, vendiendo Mexicana en 140 millones de dólares y Aeronaves en 263 millones de dólares.
No pasaron siquiera seis años antes de que el gobierno volviera a absorber ambas empresas a través de la empresa paraestatal Cintra, que se organizó para tal efecto en 1995. Las empresas, ya paraestatales, operaron en forma independiente bajo la coordinación de Cintra.
Recientemente, Mexicana fue nuevamente privatizada en 165 millones de dólares (incluyendo la asunción de pasivos y el contrato de arrendamiento de aviones), y Aeroméxico está en proceso de venta (2006).
No cabe duda que los diversos precios obtenidos por las distintas privatizaciones fueron muy inferiores al valor de los pasivos que en las distintas ocasiones el gobierno debió absorber.
Consideraciones finales
Si revisamos los objetivos que se enunciaron en su momento para justificar las privatizaciones, y vemos ahora en qué medida se han alcanzado, podremos objetivamente evaluar estos procesos.
Se buscaba:
- Fortalecer las finanzas públicas.
- Canalizar adecuadamente los escasos recursos del sector público hacia las áreas estratégicas y prioritarias.
- Eliminar gastos y subsidios no justificables desde el punto de vista social ni del económico.
- Promover la productividad de la economía, transfiriendo parte de esta tarea al sector privado.
- Mejorar la eficiencia del sector público, disminuyendo el tamaño de su estructura.
Posteriormente, se añadió como objetivo el de promover la modernización, que en parte se desprende del axioma de que la empresa es más eficiente privada que pública.
Adicionalmente, para cada sector por privatizarse se establecieron objetivos específicos que sólo en algunos casos se cumplieron.
Los tres primeros objetivos enunciados, referentes a la cuenta pública, difícilmente se cumplieron si se toma en cuenta:
1) Las importantes absorciones de deuda, a fondo perdido, que debió hacer el Estado para poner en condiciones de posible venta a las empresas públicas. Tal es el caso de la siderurgia, los fertilizantes, los ingenios azucareros y las aerolíneas.
2) Las pérdidas subsecuentes y las absorciones de pasivos posteriores a la privatización. Tal es el caso de los bancos, los ingenios azucareros y las aerolíneas.
3) Hubo casos en que los ingresos que se enteraban directamente al fisco, como en el caso de los aeropuertos, desaparecieron contra futuros ingresos vía el impuesto sobre la renta, los cuales se difieren mucho por las posibilidades de amortizar los valores de compra y las inversiones.
Sumando los dos primeros rubros, los gastos sobrepasan los ingresos recibidos por la privatización.
En cuanto al rubro de la modernización y el de la mayor eficiencia en la operación privada, difícil es lograr un juicio objetivo al respecto. Tomando una serie de privatizaciones diversas hechas hasta 1993, Rafael La Porta y Florencio López de Silanes concluyen que sí mejoro la rentabilidad con la privatización. Pero existen muchos ejemplos, sobre todo en los bancos, que indican que la operación por parte de los empresarios privados resultó ser menos eficiente.
Efectivamente, en el caso de Teléfonos y de los ferrocarriles sí se produjo la modernización y se realizaron las inversiones que se propusieron. Pero en los demás casos no parece clara la conclusión.
Es claro que, independiente de las irregularidades ocurridas en algunos de los procesos, la privatización no resultó ser la panacea que los tres gobiernos que la propiciaron esperaban, pues sólo en algunos casos se alcanzaron parcialmente los objetivos. Esto debe tomarse muy en cuenta antes de promover nuevas privatizaciones (Documento del año 2006).
El sector que los apólogos de la privatización tienen ahora en su mira, es el energético: PEMEX, CFE y la Compañía de Luz. Argumentando la necesidad de modernización de estas entidades, es que se pide su privatización, o la entrada, bajo una forma u otra, del capital privado en sus actividades. La experiencia raramente exitosa en dos décadas de privatizaciones debería ser razón bastante para no emprender estos nuevos procesos.
Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2006000300004
La teoría económica neoliberal y el desarrollo.
Rémy Herrera. Mayo de 2006.
En tanto rama de la economía que intenta mostrar cómo pueden desarrollarse las economías pobres del mundo, la economía del desarrollo tiene su origen en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. Una de sus primeras ideas fue que la economía de los países menos desarrollados estaba empantanada en un ciclo de pobreza y que, para desarrollarse, necesitaba un «gran impulso». Se pensaba que ese impulso debía consistir en un fuerte estímulo a la inversión, con la colaboración del gasto en infraestructuras y social del Estado, junto con el gasto del capital privado extranjero y la ayuda de los gobiernos de las naciones desarrolladas.
Gran parte de la economía del desarrollo se expresaba en forma narrativa; era una de las ramas de la economía menos formales y que menos utilizaba los modelos matemáticos. Por esa razón (y por otras, como luego se verá), cayó en descrédito a menos de una generación de sus inicios. La economía de la corriente dominante se consideraba a sí misma una «ciencia» rigurosa, y para sus economistas, lo que no era rigurosamente matemático no era economía, lisa y llanamente.
No obstante, a finales de la década de 1980, la economía del desarrollo comenzó a resurgir gracias a su reformulación en términos más «científicos ». Según ciertos economistas, el desvanecimiento previo de la economía del desarrollo fue una lástima (¿por qué no habrían sido más rigurosos sus fundadores?). Paul Krugman, destacado economista neoclásico y columnista del New York Times, lo expresaba con estas palabras: «Cuando pienso en la representación de la idea del Gran Impulso de Murphy et al. [cuyo artículo contribuyó a la resurrección de la economía del desarrollo], me sorprendo preguntándome si era realmente necesaria tan larga recesión de la teoría. El modelo es sencillísimo: tres páginas, dos ecuaciones y un diagrama». De esa manera resume Krugman «la caída y el resurgimiento de la economía del desarrollo», medio siglo de historia del pensamiento sobre el desarrollo, entre la formulación del «gran impulso», que realizó Paul Rosenstein-Rodan en 1943, y su formalización a cargo de Kevin M. Murphy, Andrei Schleifer y Robert W. Vishny en 1989.
A causa de su falta de rigor, dice esta explicación, los «días de gloria de la “alta teoría del desarrollo”» no superaron los quince años y terminaron con la publicación, en 1958, de The Strategy of Economic Development, de Albert Hischman. Según Krugman, la teoría del desarrollo, hasta su reformulación, no era más que un relato aproximado, con «algunos escritos maravillosos y algunas inspiradoras intuiciones», pero incapaz de dar forma matemática a sus supuestos básicos. Por esta causa se convirtió en un «callejón intelectual sin salida». Tan sólo en la década de 1980, cuando Krugman y otros consiguieron integrar en el paradigma neoclásico conceptos como el de rendimiento creciente o el de externalidades (conocidas en la teoría económica como «no convexidades»), la teoría del desarrollo experimentó un renacimiento y adquirió estatus científico.
Esta tesis de la desaparición-reaparición de la teoría del desarrollo es hoy compartida por la mayoría de los especialistas, y no sólo por los neoclásicos más ortodoxos —para quienes, puesto que fuera de la corriente principal de la economía no hay ciencia, es imposible un análisis del desarrollo que no haga referencia a los modelos estándar de esta— sino también por muchos economistas más heterodoxos. El presente artículo, sin embargo, discrepa profundamente de la interpretación ortodoxa de la economía del desarrollo. Trata de mostrar que la economía neoclásica, que ahora ha absorbido el desarrollo como uno de sus componentes, se halla inmersa en una grave crisis, y también que el predominio del pensamiento económico mayoritario en este campo teórico es inseparable del predominio de las políticas neoliberales de desarrollo.
Neoliberalismo contra desarrollo
La teoría del desarrollo nació en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX a partir de una doble diferenciación: 1) respecto de la economía neoclásica típica, por el rechazo de los dogmas de los beneficios sistemáticos del comercio y de las virtudes del mercado; y 2) respecto de la economía keynesiana (dominante de 1945 a 1975, aproximadamente), por la crítica de la inadecuación del análisis keynesiano del paro y el crecimiento a corto plazo al examinar los problemas estructurales con los que se encuentran los países en desarrollo.
De esta manera, la teoría del desarrollo presentó desde el primer momento un elemento de heterodoxia. Por eso, el nuevo campo estimuló el análisis del desarrollo por parte de los que sostenían posiciones más radicalmente heterodoxas, como los marxistas y los estructuralistas, quienes a su vez crearon la economía de la planificación, el estructural-cepalismo, la teoría de la dependencia y teorías del sistema capitalista mundial. Estas evoluciones en la historia del pensamiento guardaban relación con las que tenían lugar en la historia fáctica: las grandes revoluciones del siglo XX (Rusia, China, Vietnam y Cuba), los movimientos de liberación nacional (India, el mundo árabe y África) e incluso las necesidades de reconstrucción del periodo de posguerra (el Plan Marshall en Occidente). El surgimiento de autores en el Sur, como Raúl Prebisch y Celso Furtado en América Latina, P. C. Mahalanobis en Asia y Samir Amin en África, nos hicieron comprender que la teoría del desarrollo, nacida en Europa, lo mismo que antes la economía política, no es monopolio del Norte. Por tanto, la economía del desarrollo apareció en el espacio intelectual abierto por las transformaciones sociales que tuvieron lugar bajo la presión de las luchas de los pueblos en todo el mundo, intentos más o menos radicales de marcar distancia respecto de las leyes del sistema mundial. Se colocó al Estado en el centro de todas las estrategias de cambio estructural, y se le encomendó la tarea de lograr, en la medida de lo posible, la autonomía, o dinámica «autocentrada» de las condiciones de acumulación: en el Este y en los países socialistas del Sur, la planificación y la industrialización y, en los demás lugares, el desarrollismo capitalista de las burguesías nacionales. Eso resultaba tanto más fácil de entender cuanto que el único despegue de un país no-europeo dentro del sistema capitalista, Japón, ofrecía el ejemplo de una industrialización rigurosamente dirigida por el Estado (la Era Meiji). Fue justamente ese espacio, el del producto de la historia de los hechos y la historia de las ideas, el que reconquistaron el neoliberalismo, en las prácticas, y la nueva corriente neoclásica dominante, en la teoría económica, en las décadas de 1970 y 1980.
El neoliberalismo significa la vuelta al poder de las finanzas, es decir, de los poderosísimos dueños mundiales (y en particular, estadounidenses) del capital. Comenzó a finales de la década de 1970, precisamente a partir del alza de las tasas de interés en Estados Unidos (1979) que agravó la crisis de la deuda del Tercer Mundo. Este regreso al poder se produjo sobre las ruinas de los pilares del sistema mundial (por ejemplo, las tasas fijas de intercambio de divisas) edificado después de la Segunda Guerra Mundial.
La caída de las tasas de beneficio registrada en los países del centro a fines de la década de 1960 se profundizó y, en la década siguiente, se convirtió en una franca crisis capitalista, caracterizada por la tendencia de todo el sistema al caos monetario-financiero, con la explosión de desigualdades y paro generalizado. La conjunción del cuestionamiento de la regulación keynesiana del capitalismo en el Norte (como consecuencia de la estanflación de la década de 1970, o sea, del aumento simultáneo del paro y los precios), los fracasos de los proyectos desarrollistas de las burguesías nacionales en el Sur (la crisis de la deuda en los años ochenta) y el hundimiento del bloque soviético en el Este (a principios de los noventa), provocaron un cambio muy profundo y de alcance mundial en las relaciones entre el capital y la fuerza de trabajo.
Como las orientaciones adoptadas por los pioneros de la teoría del desarrollo no eran las de la corriente dominante y como las fuerzas sociales que la sostenían estaban perdiendo terreno, dicha teoría sólo podía ser considerada por la ortodoxia neoclásica como un resto estancado de la decadencia acientífica. Los fracasos de las políticas de desarrollo, en especial las industrias de sustitución de importaciones, se hicieron evidentes en la década de 1980, precisamente el periodo en el que el neoliberalismo hizo su aparición.
Es en ese contexto de retirada de los trabajadores y los pueblos de la periferia en el que debe entenderse la ofensiva global de la ideología neoliberal en su gestión de la crisis de expansión del capital. Sus dogmas son bien conocidos. En el ámbito nacional, se trata de lanzar una agresiva estrategia antiestatal mediante:
1) La deformación de la estructura de la propiedad del capital en beneficio del sector privado.
2) La reducción del gasto público con fines sociales, y
3) La imposición de la austeridad salarial como primera prioridad en la lucha contra la inflación.
En el ámbito global, los objetivos son perpetuar la supremacía del dólar estadounidense en el sistema monetario internacional y promover el libre comercio desmantelando el proteccionismo y liberalizando las transferencias de capital. La normalización de esta estrategia de desregulación planetaria es una de las funciones de los principales organismos internacionales (ante todo, el Fondo Monetario Internacional [FMI], el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio [OMC]) y de las instituciones monetario-financieras locales (los bancos centrales «independientes»). Todo el edificio queda así bajo el control de los Estados Unidos, cuya superioridad militar garantiza el funcionamiento global del sistema.
Como consecuencia de todo ello, queda proscrita cualquier idea de desarrollo fuera del marco del capitalismo neoliberal, así como una teoría del desarrollo que sea independiente en tanto que disciplina ajena al corpus neoclásico dominante. Desde comienzos de la década de 1990, los organismos internacionales, en especial el FMI, han prodigado las recomendaciones de «buena gobernanza» a sus «países clientes». El FMI también trata de promover la buena gobernanza que cubra «todos los aspectos de la gestión de los asuntos públicos», con el objetivo de hacer más transparente la toma de decisiones políticas y de facilitar el acceso a un máximo de información relativa a las finanzas públicas y a los procedimientos de auditoría, y, más recientemente, de «combatir la financiación del terrorismo». Lo que está en juego es la determinación de las políticas de los Estados nacionales con el objetivo de crear el entorno institucional más favorable para la apertura del Sur a los mercados globalizados.
Como reflejo de las necesidades de las fuerzas financieras bajo el neoliberalismo, la buena gobernanza puede verse como una inversión de lo que objetivamente podría llamarse «buen gobierno». El objetivo no es promover la participación democrática de los individuos en la toma de decisiones o respetar su derecho al desarrollo, sino lograr una desregulación del mercado promovida por el Estado, es decir, una nueva regulación dirigida por las fuerzas dominantes del capital. Ante la incapacidad del neoliberalismo para gestionar la crisis y la negativa del FMI, el Banco Mundial y la OMC a reconocer la urgencia por encontrar alternativas capaces de imponer límites dinámicos a la expansión del capital, con independencia del impulso de este hacia la maximización de los beneficios, la buena gobernanza sólo puede intensificar su crítica a los fracasos del Estado. A los funcionarios públicos no sólo se los acusa de buscar su propio beneficio económico, sino que se pone en tela de juicio su capacidad para gestionar los asuntos públicos, sobre todo en el Sur endeudado, y para crear y mantener unas instituciones «decentes», no tanto a favor de la gente como del capital. La retórica moralizante adjunta sobre la responsabilidad de los Estados (a los que se achacan todos los errores) y el discurso sobre la irresponsabilidad de sus agentes (cuando no se cuestiona su decencia básica) son pura y simplemente una legitimación de lo que se podría llamar opciones «ultraliberales» de dejación de las prerrogativas normales del Estado, que en ciertos casos llega al extremo de deslocalizar la defensa nacional, sustituir la moneda nacional por una extranjera y privatizar la recaudación de impuestos.
Llegamos así a una sorprendente paradoja, inherente a la «buena gobernanza»: los organismos internacionales llaman a los gobiernos a adoptar políticas económicas neoliberales impuestas desde fuera, mientras que los mercados financieros globalizados arrebatan la soberanía a esos Estados y el capital extranjero del centro se introduce en la estructura de propiedad capitalista de los países periféricos. Mientras las organizaciones internacionales gestionen los aparatos de Estado del Sur directamente desde el centro del sistema mundial, neutralizan el poder de esos Estados al despojarlos de todas sus prerrogativas y reduciendo al mínimo sus márgenes de maniobra. ¿No será ese, en realidad, el secreto de la gobernanza ideal? ¿A qué democracia pueden pretender acogerse las autoridades públicas cuando su ejercicio de la soberanía nacional se reduce a la liberalización de los mercados, el pago de dividendos a la inversión extranjera y la devolución de la deuda externa?
La absorción del desarrollo por la economía neoclásica.
Hace más de veinte años que los economistas neoclásicos dominan casi en solitario la teoría económica, incluida la teoría del desarrollo económico.
Su ambición es analizar todos los hechos socioeconómicos a partir de los comportamientos individuales de maximización. El núcleo de la economía neoclásica y la fuente de su aspiración a ser una ciencia es la teoría del equilibrio general. Esta teoría pretende mostrar que cuando todos los compradores y todos los vendedores del mercado actúan según su propio interés, la competencia produce un único conjunto de precios y cantidades que crea una correspondencia perfecta entre la oferta y la demanda de todos los bienes y servicios y de todos los insumos utilizados en la producción.
Más aún, una vez que se alcanza ese conjunto de precios y cantidades «en equilibrio», el bienestar social será el máximo posible, en el sentido de que ningún individuo podría mejorar su situación sin empeorar la de otra persona.
La teoría del equilibro general, con su pesada formalización matemática, su rigurosa normatividad y su dependencia de una multitud de supuestos sin base real, es la piedra angular de toda la microeconomía estándar.
Su verdadera finalidad es determinar de qué manera las elecciones de la multitud de agentes (compradores y vendedores) pueden coordinarse dentro de un marco que integre la totalidad de las interdependencias asociadas a sus intercambios. Esas elecciones, que se suponen libres, racionales y motivadas por el interés personal, no sólo dependen de las características de los agentes (participación en los factores de producción, gustos y preferencias, conjeturas y funciones de producción), sino también de la forma de organización social en la que operan sus relaciones.
El caso privilegiado es una estructura de mercado de competencia perfecta que permite que el modelo, dados los supuestos de Arrow-Debreu (así llamados en honor a Kenneth Arrow y Gérard Debreu, ambos premios Nobel), ofrezca una solución de equilibrio en la que es posible la coordinación de las elecciones individuales, a la vez que una asignación «óptima» de recursos (en el sentido arriba descrito y originariamente formulado por el economista Vilfredo Pareto).
Aunque este modelo apunta al procesamiento de la información relativa a una gran cantidad de individuos, debido a las dificultades técnicas con que se encontraron, a menudo los economistas neoclásicos se vieron obligados a desarrollar el modelo con un grupo muy restringido de agentes, bajo el supuesto de que se trataba de un grupo «representativo» de la totalidad.
En casos extremos, pero que distan mucho de ser excepcionales, puesto que permiten simplificaciones matemáticas, sólo hay un agente; se da por supuesto que todo el análisis puede realizarse adecuadamente en el caso de un solo individuo, como Robinson Crusoe en su isla. En la medida en que el equilibrio general proporciona una última referencia teórica a casi todos los modelos neoclásicos, su conocimiento también es decisivo para los autores heterodoxos críticos.
Desde finales de la década de 1970, la teoría se ha aplicado ampliamente en el campo del desarrollo, gracias al uso de modelos de equilibrio general computable. Estos modelos calculan, sobre la base de los comportamientos individuales, los valores de las variables de equilibrio en la economía, como el precio o los efectos cuantitativos derivados de las variaciones de los parámetros del modelo vinculados a la política económica, como son los impuestos o los subsidios. Por ejemplo, si una nación establece un salario mínimo para los trabajadores, ¿producirá eso un incremento del desempleo?
El Banco Mundial empleó de forma sistemática esas herramientas con el fin de tratar de justificar teóricamente y dar credibilidad política a las medidas antisociales de ajuste estructural que imponía al Sur, con lo que contribuyó a su difusión a las esferas académicas.
Además, el estudio del papel de las instituciones (tales como los sindicatos, el Estado, el ejército, las organizaciones y normas religiosas, etc.) en el crecimiento llevó igualmente a los economistas neoclásicos a ocuparse de cuestiones relacionadas con el desarrollo. Durante mucho tiempo, de acuerdo con la teoría estándar de la competencia perfecta, las instituciones se consideraban datos exógenos, es decir, que había que tomarlas como algo dado y era imposible aplicarles el análisis económico. De esta manera, el análisis de las instituciones quedaba fuera del razonamiento económico y se dejaba a otras disciplinas de las ciencias sociales relacionadas con las categorías colectivas, como la sociología o las ciencias políticas. Sin embargo, más recientemente, los economistas han colocado las instituciones en el seno mismo de los modelos de equilibrio general y han aplicado a sus comportamientos el análisis económico convencional. Pero, para eso, los economistas ortodoxos han dado simplemente por supuesto que los comportamientos individuales de maximización pueden explicar completamente el sentido y el comportamiento de las instituciones. Por ejemplo, cuando George Akerlof utilizó la teoría de juegos para analizar las castas de la India, comenzó por suponer que existe un modelo común de comportamiento económico, aplicable en todas las épocas y en todos los sitios, a saber, el modelo de equilibrio general de competencia perfecta de Arrow- Debreu. Existe incluso quien, para facilitar el argumento, supone que, «en el principio», estaban los mercados. En macroeconomía, la economía del desarrollo ha recibido una fuerte influencia de la nueva teoría neoclásica del crecimiento, llamada «crecimiento endógeno». Esos modelos (por ejemplo, los de Paul Romer o Robert Lucas), trataban de explicar el crecimiento del PIB mediante el propio proceso de acumulación, es decir de modo endógeno (esto es, mediante los factores de producción), sin recurrir a motores exógenos, como en el famoso modelo de Solow de 1956. Lo esencial del modelo solowiano era la idea de que, en cualquier economía, rica o pobre, el crecimiento «en creación continua» se produce automáticamente en condiciones de plena dependencia de unos mercados competitivos. El «gran impulso» no era en realidad necesario; bastaba con una estructura institucional que permitiera hacer su papel a la competencia guiada por el propio interés. Una de las predicciones de la nueva teoría del crecimiento endógeno es la ausencia de convergencia de crecimiento entre distintos países, con la conclusión clave de que, en la economía de mercado, el Estado debe intervenir para acelerar la acumulación del capital y lograr así el desarrollo a largo plazo. Gracias a estos modelos, los economistas neoclásicos se encuentran hoy en una posición dominante en el diseño de modelos de crecimiento a largo plazo.
Y muchos economistas heterodoxos, exasperados por la tesis antiestatal neoliberal, reaccionaron a los atractivos de esta nueva teoría neoclásica.
La crisis de la economía neoclásica.
Así pues, la economía neoclásica oficial ha puesto a los economistas heterodoxos a la defensiva y los ataca en el frente tanto de la micro como de la macroeconomía, pero también en el de las instituciones. Sin embargo, es importante entender que la acometida neoclásica no se debe a su superioridad teórica. La economía neoclásica está sumida en una profunda crisis teórica. En microeconomía es (matemáticamente) imposible para los neoclásicos demostrar la singularidad del equilibrio general —que se ha analizado más arriba— a partir de los comportamientos de maximización de los agentes. Por supuesto, esos problemas teóricos nunca aparecen mencionados en los estudios neoclásicos dedicados al desarrollo, en especial los modelos de equilibrio general computable, pero constituyen el desafío más serio a la corriente dominante. La economía neoclásica no tiene respuesta para ellos. En macroeconomía, el postulado tantas veces utilizado del agente representativo plantea un interrogante: ¿tiene sentido hablar de «mercado», «intercambio» o «precio» si hay un único agente solitario?
Además, la nueva teoría neoclásica del crecimiento es incapaz de explicar un concepto fundamental como el de «capital», al que considera el motor del crecimiento (¿cómo se relaciona con el conocimiento, el capital humano o la infraestructura?), o incluso el de Estado (¿cómo se distingue del agente único?).
En los campos neoinstitucionales, la ideología de las elecciones individuales libres conduce a catástrofes intelectuales, como la explicación del feudalismo de C. Douglass North, o la del resurgimiento actual de la aparcería en el Sur, de Joseph Stiglitz. ¿Acaso no nos enseñó Oliver E. Williamson que todos los «contratos privados» que derivaban de transacciones interindividuales eran racionales y eficientes en cada periodo de la historia? ¿Sorprende acaso verlo reivindicar la paternidad y la validez de las «reformas institucionales» del Consenso de Washington? Lo que los neoclásicos presentan como progresos en la teoría son en realidad retrocesos intelectuales que convierten la ciencia económica en ciencia-ficción económica.
Es fundamental comprender la función ideológica de las teorías neoclásicas. Sirven para dar un barniz científico a la política del neoliberalismo. No es casual que la teoría predique lo que el neoliberalismo lleva a la práctica:
El neoliberalismo sólo asigna al Estado un papel al servicio del capital privado, y, en verdad, lo que otrora fueran bienes públicos, hoy tienen que ser privatizados. Todo debe «pasar por el mercado», incluso la producción íntegra del conocimiento y la educación. No se trata de que el Estado no deba actuar, y en esto los neoclásicos modernos se diferencian tanto de los antiguos antiestatistas como de la posición libertaria de economistas como Friedrich Hayek. El Estado sencillamente debe asegurar que el capital privado y las empresas transnacionales reinen por encima de todo. Toda pretensión de objetividad de parte de los economistas neoclásicos quedó en entredicho cuando los economistas Milton Friedman, Gary Becker y Robert Lucas, todos galardonados con el Nobel, comparecieron juntos «para apoyar enardecidamente el programa económico de George W. Bush».
La crisis del neoliberalismo.
Hace ya tres décadas (recordar que este texto es del año 2006) que se utilizan políticas neoliberales para gestionar la crisis capitalista. Es mucho lo que han ofrecido, en concepto de oportunidades de inversión especulativa, a los grandes propietarios de capital, lo que equivale a decir a las altas esferas financieras, sobre todo las estadounidenses.
Para contrarrestar la falta de salidas a inversión para los enormes excedentes que estos propietarios han extraído de los trabajadores, los campesinos y los pueblos en general, las políticas neoliberales han tendido a ampliar esas salidas y evitar cualquier desvalorización de capital. Esas políticas han sido perjudiciales para la mayor parte de la humanidad. El Sur global ha sufrido sobre todo los pagos de la odiosa deuda externa, la fuga de capitales y la repatriación de los beneficios de las inversiones extranjeras. El neoliberalismo no es un modelo de desarrollo; es la estrategia puesta en práctica por las altas finanzas para esquilmar al Sur mientras consigue una lenta acumulación de capital en el Norte. A pesar de sus fracasos en todos los terrenos (y por implicación, el fracaso de sus legiones de expertos), se lo sigue imponiendo unilateralmente y de forma no-democrática. Mientras tanto, las desigualdades intranacionales e internacionales crecen vertiginosamente.
Incluso los mecanismos reguladores del capitalismo global están en crisis. Hoy, la característica fundamental del poder de los sectores financieros globalizados bajo hegemonía de Estados Unidos es su militarización. Esto no se mide tanto por el aumento del indicador de la «carga militar» —el gasto militar como porcentaje del PIB— como en la agresiva expansión de las bases militares norteamericanas por todo el mundo, así como por la creciente presencia de corporaciones transnacionales dentro del complejo militar-industrial. La globalización se llama imperialismo, y un imperialismo cada vez más abiertamente impuesto por la guerra. El sector de las finanzas está en guerra contra cualquiera que promueva o afirme un desarrollo autónomo, y ese desarrollo es la causa primera de las guerras imperialistas que dan su apoyo a los intereses financieros. En Irak, por ejemplo, es obvio el deseo del capital de controlar el petróleo (Analizar el origen de la crisis en Venezuela a raíz de las medidas implantadas por Hugo Chávez, por romper el proceso de implantación de medidas económicas neoliberales en su país). Sin embargo, hay una realidad más decisiva aún: lo que está en juego y lo que para los altos intereses financieros hace necesarias esta y otras guerras es la reproducción de las condiciones que permiten al poder del capital mantenerse y crecer. La clase capitalista ya no puede retener su poder si no es por medio de la guerra.
Es interesante observar que los economistas neoclásicos han empezado a desarrollar muy en serio una economía de defensa, pero hasta ahora sus esfuerzos han sido infructuosos. Una razón de este fracaso es la incapacidad de la economía neoclásica para ocuparse del conflicto, ¡un auténtico problema para un análisis de la guerra! (caso reciente de Corea del Norte ante el acoso de Corea del Sur y del imperio, que lo obligó a crear su propia maquinaria de defensa y que hoy ha sucumbido al poder neoliberal)
De la lucha contra la pobreza a la guerra contra los pobres.
La aplicación de políticas neoliberales, uno de cuyos soportes ideológicos es que esas políticas reducirán la pobreza, se ha ido convirtiendo progresivamente en una guerra contra los pobres. En esa guerra, la mayoría de los economistas, incluidos los que suele describirse como sensibles a los aspectos sociales del desarrollo, o aun los que se tiene por críticos del neoliberalismo, como Joseph Stiglitz y Amartya Sen, no proponen alternativas al despliegue general del neoliberalismo. Sin duda, las críticas formuladas por los «grandes» economistas (ganadores del Premio en Memoria de Nobel que otorga el Banco de Suecia en ciencias económicas) son muy agudas, en especial por lo que respecta a las cuestiones que plantean las Metas de Desarrollo para el Milenio de Naciones Unidas. Thomas Schelling (otrora empleado por la Rand Corporation, donde su trabajo ejerció una influencia importante sobre las decisiones de Robert McNamara durante la larga escalada de la Guerra de Vietnam), que recibió el Nobel por sus «descubrimientos » en teoría de los juegos, formó parte del «grupo de expertos» del «Consenso de Copenhague» de 2003, constituido para evaluar las Metas de Desarrollo del Milenio. (El llamado «Consenso de Copenhague» fue convocado por el antiecologista Bjørn Lomborg, famoso por su libro The Skeptical Environmentalist, con el respaldo del Instituto Nacional de Evaluación Medioambiental de Dinamarca.) Schelling recomendaba que:
1) La ONU otorgara baja prioridad al objetivo de reducir los gases de efecto invernadero (previamente había apoyado el rechazo estadounidense del Protocolo de Kyoto);
2) La ONU promoviera más liberalización comercial;
3) Se diera mayor protección a las patentes corporativas de los medicamentos para el sida; y
4) Se promoviera la producción de organismos genéticamente modificados para combatir la malnutrición. (Caso Monsanto en México, ligas de internet al final de este texto).
Uno se siente tentado a considerar los puntos de vista de Schelling como un caso excepcional entre los economistas premiados con el Nobel. Pero no lo es. Fogel (ganador de este premio en 1993), cuya interpretación de la esclavitud en Estados Unidos racionalizaba el fenómeno básicamente como ¡un tipo de elección libre de relaciones entre amos y esclavos! (acaso estamos a punto de revivir este tema en las elecciones de 2018), también fue miembro del grupo de expertos del Consenso de Copenhague y formuló recomendaciones semejantes a las de Schelling, con la liberalización comercial entre las primeras prioridades globales, mientras los intentos de abordar la malnutrición y el hambre, junto con la lucha contra el calentamiento global, quedaban relegados a los últimos lugares.
Y no podemos olvidar a Milton Friedman (Premio Nobel de 1976), quien piensa que la intervención del Estado más allá de los servicios educativos que ofrece el mercado «no es necesaria», y que esa intervención lleva a un sistema mucho peor que el que tendríamos si el mercado hubiera tenido un papel cada vez más destacado. Ni a Hayek (Nobel de 1974), cuyas posiciones ultraliberales son suficientemente conocidas como para que haga falta explicarlas aquí. Ni a Gary Becker (Nobel de 1992), quien declaró que la voluntad de los «Chicago Boys» [economistas de la Universidad de Chicago] de trabajar para el general Pinochet fue «una de las mejores cosas que le habían sucedido a Chile». Como inspirador del grupo de la Universidad de Chicago, llegó a afirmar que se sentía «orgulloso de la fama harto merecida» del mencionado equipo de economistas.
Con la misma mentalidad, Robert Barro (candidato al Nobel) dejó escrito que el actual «buen» rendimiento económico de Chile se debe, sin duda, a las reformas neoliberales puestas en práctica por Pinochet durante el periodo 1973-1989, pues nadie hizo más que él para demostrar la «superioridad » del capitalismo sobre el socialismo.
Los «grandes economistas» de mano amable y suave.
La ideología reaccionaria de algunos «grandes» economistas, ya señalada, es relativamente bien conocida y ha sido muchas veces denunciada. Pero los argumentos básicamente pro-neoliberales de los ganadores más moderados del Premio Nobel, a los que habitualmente se considera críticos populares del sistema, como Stiglitz y Sen, por ejemplo, merecen mucha menos atención crítica. Estos dos autores «de moda» saben cómo «navegar» sobre la ola de las protestas contra el neoliberalismo salvaje y sobre la necesidad de regulación del mercado para promover un capitalismo «de rostro humano». Sin embargo, se trata de un grave malentendido, porque ninguno de ellos recomienda restituir el Estado del bienestar, modificar la estructura de propiedad del capital a favor del sector público, aplicar una política de redistribución de rentas o promover los servicios públicos, y mucho menos aún se pronuncia a favor del desarrollo con planificación estatal. A pesar de algunos matices o sutilezas, sus argumentos siempre implican que el Estado debería someterse de plano a las fuerzas dominantes del capital global y contribuir a su acumulación de capital.
Stiglitz (Nobel en el año 2000) era todavía economista jefe del Banco Mundial cuando se publicó el informe de 1998-1999 sobre «Conocimiento para el Desarrollo». El informe nos enseña qué es lo que significa la «cooperación» con el sector privado en los campos de la información y las telecomunicaciones: privatización, desmantelamiento de la investigación pública (incluso la transformación de los institutos de investigación en sociedades anónimas), y la mercantilización de la educación (incluso ayudando a los pobres a pagar sus estudios). El informe sigue la misma línea de la serie de informes previamente publicados por el Banco Mundial sobre infraestructura, medio ambiente, salud o dividendos de la paz, que daban apoyo a las transnacionales garantizándoles que quedarían al margen de todo riesgo de nacionalización, concediéndoles, a costa del Estado, la construcción de infraestructuras para la acumulación de capital, fomentando la explotación forestal para la exportación, recortando los presupuestos públicos y los programas sociales, y abriendo jugosas salidas comerciales a sus complejos militares-industriales (antes de recomendar el desarme para que continuara la refinanciación de las deudas del Tercer Mundo). (Verificar este párrafo para el caso mexicano)
A Sen (Nobel de 2004) se lo suele presentar como defensor de «otra voz» en la lucha contra la pobreza. Su análisis se centra en la escasez de activos de los pobres (sobre todo en capital humano), lo que les impide salir de la pobreza por la vía de la participación activa en los mercados. Las ideas de Sen han influido considerablemente en las organizaciones internacionales relacionadas con el desarrollo humano. Sin embargo, su razonamiento es principalmente una copia perfectamente compatible de la teoría neoclásica (incluido el equilibrio general y su individualismo metodológico).
Y, en sus discursos éticos «pluralistas» —a menudo muy confusos—, sus propuestas se unen a las de los promotores de la buena gobernanza del Banco Mundial y el FMI. Obsesionado por el individuo solitario y sus oportunidades (y capacidades) para elegir, Sen descuida casi sistemáticamente la cuestión de la distribución de recursos entre grupos sociales, y sobre todo la de las desigualdades en la propiedad del capital. De la misma manera que Stiglitz y tantos otros (de Krugman a Jeffrey Sachs), Sen se pierde en la ficción de las libres elecciones individuales de los agentes. Eso guarda una estrecha relación con el concepto ideológico de la «democracia» que considera que esta descansa simplemente en las elecciones individuales y oculta los efectos de la dominación de clase y/o nacional, así como las violentas relaciones de fuerza entre explotadores y explotados, que es la contradicción esencial del capitalismo desde su origen mismo.
Actualmente, el dominio de la economía neoclásica en la teoría del desarrollo es paralelo al del poder neoliberal de las altas esferas financieras sobre las políticas de desarrollo. Eso no quiere decir que todos los economistas neoclásicos sean neoliberales. Una de las complejidades de este tiempo surge precisamente de la esquizofrenia de un buen número de economistas, neoclásicos en el despacho y pseudodefensores de las clases populares durante el fin de semana. Significa simplemente que hay importantes complementariedades entre esas dos formas de dominación ideológica, que se refuerzan mutuamente y son interdependientes. Así, a mi juicio, lo que descalifica estos enfoques no es únicamente la ausencia de base científica y las incoherencias lógicas, sino también la función ideológica y el proyecto antisocial que sus metodologías y conclusiones alimentan al servicio del capital mundial.
Los autores heterodoxos ya no pueden permitirse seguir desunidos por polémicas inútiles ni continuar reproduciendo divisiones anticuadas. No obstante, no es predicando nuevas «síntesis» ni sometiéndose ellos mismos a la corriente neoclásica dominante como conseguirán movilizar fuerzas para la reconstrucción de una auténtica alternativa crítica. Hoy, más que nunca, el problema sigue siendo cómo podemos superar los fallos del pasado para construir un genuino proyecto de desarrollo en el marco de una alternativa poscapitalista: una alternativa social o, mejor aún, tal vez socialista.
Estas son las cuestiones que han estimulado la aparición de heterodoxias en economía del desarrollo desde el primer momento.
- Artículo publicado en MR, vol. 58, nº 1, mayo de 2006, pp. 38-50. Traducción de Marco Aurelio Galmarini. Rémy Herrera es investigador del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) y enseña en la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne. También es coordinador del Foro Mundial de Alternativas.
Acerca de Herrera, Rémy: Economista, Investigador del Centro Nacional de Investigación científica (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) y de la Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Email: herrera1@univ-paris1.fr.
Fuente: http://www.iepala.es/IMG/pdf/La_teoria_economica_neoliberal_y_el_desarrollo-Remy_Herrera.pdf
Neoliberalismo y teoría económica
Por Luiz Carlos Bresser Pereira Mayo – Junio 2009
El Estado y el mercado son instituciones complementarias. El Estado –el sistema constitucional y la organización o aparato que lo garantiza– es la principal institución que coordina las sociedades modernas, el principal instrumento a través del cual las sociedades democráticas moldean el capitalismo para poder alcanzar sus objetivos políticos. El mercado es una institución basada en la competencia que, bajo la regulación del Estado, contribuye a la coordinación de la economía. Desde fines de los 80, el neoliberalismo lanzó un asalto al Estado (y también al mercado) desde la teoría neoclásica y la teoría de la elección pública, que se convirtieron en una metaideología de la época. Aunque el ataque fue feroz, la actual crisis económica confirma la necesidad de reconstruir el estado y buscar una nueva complementariedad con el mercado.
La idea de un mercado autorregulado implicaba una auténtica utopía. Una institución como esa no podía existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad, sin destruir físicamente al hombre y transformar su ambiente en un desierto. Karl Polanyi, 1944. (Nota del autor)
La oposición entre Estado y mercado se transformó en un problema desde los 80 y 90, cuando el neoliberalismo adquirió tal hegemonía que este planteo comenzó a parecer natural y legítimo. A través de esa oposición, dos instituciones que por su propia naturaleza son estructuralmente complementarias fueron colocadas en el mismo plano. El Estado, en efecto, es el sistema constitucional-legal y la organización que lo garantiza; es, por lo tanto, la institución fundamental de cada sociedad, la matriz de las demás instituciones, el principio coordinador o regulador con poder sobre toda la sociedad, y el aparato político que ejecuta ese poder. Es a través de la ley o del orden jurídico como se coordinan las acciones sociales, y es mediante la administración pública como se garantiza esa coordinación. El mercado, en cambio, es una institución más limitada, pero también fundamental: es el mecanismo de competencia económica regulado por el Estado que logra una coordinación relativamente automática entre las acciones económicas; es la institución que complementa la coordinación más amplia realizada por el Estado.
No tiene sentido, por lo tanto, oponer Estado y mercado. Podemos señalar los problemas del Estado y podemos entender que determinadas actividades se pueden coordinar mejor si el Estado limita su presencia en el mercado. Lo que no podemos es ver las dos formas de coordinación como alternativas: el Estado siempre regulará los mercados. La responsabilidad final por la buena o mala coordinación no será del mercado, que no tiene voluntad, sino de la sociedad, que a través de sus formas de organización política –la sociedad civil o nación– constituye su Estado (y, en el Estado democrático, elige su gobierno).
Las sociedades modernas son sociedades capitalistas organizadas territorialmente en países o Estados-nación soberanos. Actualmente, en el marco del capitalismo global, desaparecieron los imperios y las áreas ocupadas por tribus y clanes, y todo el planeta está cubierto por Estados-nación que constituyen un gran sistema político mundial. Por otro lado, a medida que los países abrieron sus mercados al comercio, la globalización transformó el mundo en un gran mercado, en un gran sistema económico cada vez más integrado. En este gran sistema político y económico, las unidades son los Estados-nación, cada uno de ellos constituido por una nación o una sociedad civil, un Estado y un territorio. En este contexto, un país desarrollado desde el punto de vista económico, social y político es un país cuya nación tiene a su servicio un Estado fuerte y capaz, que a su vez regula un mercado libre y eficiente. Estado y mercado son, por lo tanto, instituciones de la sociedad; son sus instrumentos de acción colectiva, son las herramientas principales de cada sociedad para alcanzar sus objetivos. El instrumento fundamental es el Estado; el mercado lo complementa. Cuanto más fuerte sea una institución, más fuerte será la otra.
Neoliberalismo
No es posible pretender aumentar el poder del mercado a expensas del debilitamiento del Estado, como pretendió irracionalmente el neoliberalismo. Esa ideología –asociada a teorías económicas y políticas aparentemente científicas– inició un verdadero asalto al Estado democrático y social que había comenzado a establecerse desde el New Deal en Estados Unidos y que se consolidó, principalmente en Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero también el mercado fue asaltado: ante la falta de regulación, dejó de cumplir su función en la sociedad y comenzó a degradarse.
Los neoliberales probablemente dirán que la ideología dominante en los últimos 30 años –transformada en sentido común– no buscaba el debilitamiento del Estado: solo buscaba retirarlo de la esfera productiva; es decir, que dejara de ser un «Estado productor» para transformarse en un «Estado regulador». De hecho, una parte del discurso neoliberal descansaba en este argumento. Pero era un discurso vacío, un clásico discurso orwelliano en el sentido de que lo que se dice es lo opuesto a lo que se pretende significar. El papel fundamental del Estado es, de hecho, el de regulador. Pero también puede ser protector, inductor, capacitador (enabling) y, en las fases iniciales de desarrollo económico, productor. El neoliberalismo, por supuesto, no deseaba un Estado con estas últimas cualidades, pero tampoco quería un Estado regulador. El objetivo era desregular en vez de regular.
Para el neoliberalismo, el Estado debía ser un Estado «mínimo», lo que significaba al menos cuatro cosas:
1º. Que dejara de encargarse de la producción de determinados bienes básicos relacionados con la infraestructura económica.
2º. Que desmontara el Estado social, es decir, el sistema de protección a través del cual las sociedades modernas buscan corregir la ceguera del mercado en relación con la justicia social.
3º. Que dejara de inducir la inversión productiva y el desarrollo tecnológico y científico (que dejara de liderar una estrategia nacional de desarrollo)
4º. Que dejara de regular los mercados y, sobre todo, los mercados financieros, para que se autorregularan.
La propuesta más repetida fue la desregulación de los mercados. ¿Cómo era posible, entonces, hablar de un Estado regulador? Más sincero habría sido decir «Estado desregulador». Lo que se pretendía era, en efecto, un Estado débil, que convirtiera la economía en el campo de entrenamiento de las grandes empresas.
El neoliberalismo fue la ideología hegemónica desde el comienzo de la década de 1980 hasta el inicio de 2000. Fue la ideología adoptada y promovida por los gobiernos estadounidenses a partir de Ronald Reagan. Desde inicios del nuevo siglo, sin embargo, la intrínseca irracionalidad del neoliberalismo, su fracaso en promover el crecimiento económico de los países en desarrollo, su tendencia a profundizar la concentración del ingreso y a aumentar la inestabilidad macroeconómica demostrada por las continuas crisis financieras de los 90, constituyen indicadores de su agotamiento. Pero fue el crash de octubre de 2008 y la crisis actual, que obligó al Estado a intervenir fuertemente para salvar bancos, empresas y familias endeudadas, la señal definitiva del colapso de esa ideología: el fin de su hegemonía. Al final, el tan despreciado Estado era llamado para salvar al mercado. El neoliberalismo es hoy una ideología muerta. ¿Estaré siendo injusto con el neoliberalismo? Como siempre fui crítico de esta corriente, traigo a colación el testimonio de Francis Fukuyama, un conservador pero no un neoliberal que, en “La construcción del Estado: gobierno y organización en el siglo XXI” (2004), ensaya una fuerte crítica a la política neoliberal impulsada por EEUU en los países menos desarrollados, principalmente los africanos. En su libro, Fukuyama demuestra cómo esa política llevó al debilitamiento de los Estados y cómo un Estado débil deriva en un Estado fracasado (failed state). Por supuesto, los Estados-nación fracasados son casos límites, pero son los casos límites los que aclaran las situaciones ambiguas. (Comparar con el caso de México)
El neoliberalismo suele definirse como un liberalismo económico radical, como la ideología del Estado mínimo y de los mercados autorregulados. Estas definiciones son correctas, pero la primera presenta un problema grave. Al final, tanto el liberalismo político como el económico fueron conquistas sociales –y hubo muchas formas de liberalismo radical que no tenían nada de neoliberales. Por lo tanto, creo que es conveniente definir el neoliberalismo comparándolo históricamente con el liberalismo. El liberalismo era, en el siglo XVIII, la ideología de una clase media burguesa en lucha contra la oligarquía de los señores de la tierra y de las armas apoyados por un Estado autocrático. Por eso, caracterizar el neoliberalismo, una ideología reaccionaria, como un liberalismo económico radical, no parece adecuado, porque el liberalismo radical del siglo XVIII o comienzos del siglo XIX era revolucionario. En rigor, el neoliberalismo es la ideología que los sectores más ricos de la sociedad utilizaron a fines del siglo XX contra los pobres y los trabajadores y contra el Estado democrático social. Es, por lo tanto, una ideología eminentemente reaccionaria. Una ideología que –apoyada en la teoría económica neoclásica de las expectativas racionales, en el nuevo institucionalismo y en las versiones más radicales de la escuela de la elección racional– montó un verdadero asalto político y teórico contra el Estado y los mercados regulados. Si comparamos estos 30 años neoliberales con los inmediatamente anteriores, veremos que, en los países ricos, las tasas de crecimiento fueron menores, la inestabilidad económico-financiera aumentó y la renta se concentró, mientras que en los países en desarrollo que aceptaron esa ideología las tasas de crecimiento resultaron insuficientes para alcanzar a los países desarrollados (catching up).
Estado
El Estado es la gran construcción institucional de las sociedades. Hegel fue el primero en comprender este hecho y en verlo como la cristalización de la razón, como el momento más alto de la racionalidad humana. Tenemos dificultades para entender esta afirmación porque en general vemos a nuestros Estados como instituciones normativas imperfectas que siempre necesitan reformas (en el sistema constitucional-legal) y como instituciones organizativas pobladas de funcionarios y políticos llenos de problemas, tanto administrativos como éticos (en el aparato del Estado o administración pública).
Pero esta diferencia entre el proyecto y la realidad no le quita al Estado su naturaleza de producto de la voluntad humana, de búsqueda mediante la racionalidad. Mientras una economía y una sociedad sin Estado son el reino de la necesidad, el Estado es el reino de la libertad y la voluntad humanas. En la economía y en la sociedad, cada uno defiende sus intereses y, solo en forma secundaria, colabora con los demás; ambas cosas se realizan de manera desordenada. No existen objetivos comunes ni hay elecciones colectivas. Por eso, cuando los economistas que se autodenominan «liberales» buscan desarrollar teorías sobre la sociedad y la economía sin considerar el Estado y la política, terminan cayendo inevitablemente en el vicio del determinismo. Un determinismo propio de las ciencias naturales, pero que atrae a los economistas en la medida en que vuelve su ciencia más «científica», aparentemente más precisa y con mayor poder de explicación. En realidad, la economía, convertida en una disciplina determinista gracias a simplificaciones radicales respecto del comportamiento humano, resulta engañosa, porque existe un elemento de libertad e imprevisibilidad en cada ser humano y porque el comportamiento social no es la mera suma de los comportamientos individuales. Reunidos en sociedad, los individuos comparten valores y creencias y construyen instituciones que cambian los patrones de comportamiento social. Es a través de la construcción del sistema constitucional-legal dotado de legitimidad y efectividad (el Estado) y a través de las demás instituciones sociales como los ciudadanos transforman su sociedad de acuerdo con esos valores.
Por lo tanto, para intentar entender la sociedad y la economía debemos considerar también el Estado, el gobierno y las demás instituciones que lo integran. Como dice Karl Polanyi, «el liberalismo económico leyó erróneamente la Revolución Industrial porque insistió en analizar los acontecimientos sociales desde el punto de vista económico», porque creyó en la «espontaneidad» del cambio social ignorando «las verdades elementales de la teoría política y la competencia para gobernar (statecraft)». Incluso si están preocupados por sus propios intereses, los ciudadanos son libres cuando también se muestran capaces de regular la sociedad y la economía, organizar el bien común, construir su nación y su Estado; en síntesis, cuando pueden cambiar para mejorar su destino. El éxito en esta tarea es, desde luego, siempre relativo, pero si creemos en el progreso podremos rechazar las visiones pesimistas y pensar que el reino de la libertad va, poco a poco, imponiéndose al reino de la necesidad, y que los hombres, a través de la construcción del Estado, van gradualmente dando forma a sociedades más prósperas, libres, justas y cuidadosas del ambiente. El Estado social –o Estado de Bienestar– que las sociedades europeas, principalmente las escandinavas, construyeron, está lejos de ser el paraíso, pero es una señal significativa del progreso alcanzado.
El Estado, como orden jurídico, es la realización concreta de la libertad y la razón humanas. Es nuestro instrumento de acción colectiva por excelencia. Pero es un instrumento imperfecto, no solo porque somos imperfectos sino porque ese «nuestro» jamás se identifica con el de todos, ni con la voluntad general de Rousseau. En cada sociedad necesitamos saber quién es el «nosotros» que construye el Estado y lo usa como instrumento para alcanzar sus objetivos. Cuando Marx y Engels, en el Manifiesto comunista, definieron el Estado como «el comité ejecutivo de la burguesía», se estaban desvinculando del Estado. Le estaban negando racionalidad y legitimidad. Y tenían razón, porque el Estado de aquella época era autoritario y liberal: afirmaba la libertad individual pero negaba la libertad política de votar y ser votado –de participar en el gobierno–. Y también tenían razón en la medida en que las dos formas mediante las cuales la sociedad se organizaba políticamente para determinar las acciones del Estado –la nación y la sociedad civil– eran ellas mismas autoritarias, en la medida en que todo el poder estaba concentrado en una burguesía emergente y una aristocracia decadente. Pero incluso en aquella época –o en aquella fase del desarrollo– la constitución de un Estado-nación pasaba también por la lucha de los pobres y de los trabajadores, ya que la burguesía en ascenso los necesitaba para alcanzar la independencia o la autonomía nacional; es decir, para formar su propio Estado-nación. Entonces, aun cuando no resultarían los más beneficiados por la construcción del Estado-nacional, los trabajadores sabían que ese sería –o podría ser– su instrumento de acción colectiva. Por eso, lucharon por la construcción del Estado y luego por la forma democrática de ese Estado. En este sentido, hay que comprender que la democracia no existe independientemente del Estado: la democracia es el régimen político basado en el derecho a la participación popular en el gobierno de un Estado. Los países más desarrollados poseen un Estado democrático y social porque no solo el propio Estado, sino también la sociedad civil y la nación se democratizaron internamente, porque la desigualdad económica y política disminuyó. En las sociedades de este tipo, los trabajadores y los pobres, aun cuando continúen teniendo menos peso que las elites, han logrado alcanzar alguna participación en la definición de los rumbos de la acción colectiva.
El Estado moderno regula los mercados desde su primera forma histórica, el Estado absoluto. Este surgió de la alianza de las oligarquías terratenientes y militares con la naciente burguesía. Poco después se constituyó el Estado liberal, una conquista de la burguesía. La democracia liberal de EEUU y la democracia social de Europa no nacieron de las elites, sino del pueblo. Las elites burguesas estaban satisfechas con el Estado liberal, con el Estado que garantizaba sus derechos civiles. Quienes pidieron participación en la política fueron los pobres y los trabajadores. De allí resultó, en un primer momento, el Estado democrático-liberal y, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los países europeos, el Estado democrático social. En ese proceso de transición y consolidación democrática, al contrario de lo que sucedía con las elites oligárquicas precapitalistas que rechazaban de plano la democracia, las elites burguesas no impusieron un veto absoluto a la democratización, ya que comprendieron que podrían continuar apropiándose del excedente económico aun sin el control directo del Estado. El Estado democrático hoy existente –ya sea en su forma puramente liberal, sea en la forma social o de bienestar más avanzada– es una conquista de los pobres, de los trabajadores y de la clase media. Y tiene siempre como uno de sus roles fundamentales la regulación de los mercados.
Mercado
El mercado es una institución más modesta que el Estado. Es un mecanismo de coordinación basado en la competencia. No contiene la definición de metas u objetivos, que van siendo definidos por los competidores durante el proceso competitivo. El mercado carece de una autoridad o un poder administrativo que defina sus metas y establezca los medios para alcanzarlas. Cada empresa y cada individuo es un competidor que toma sus propias decisiones de forma independiente. Por esas razones, el mercado es una institución maravillosa. Sin él, sería imposible coordinar los grandes y complejos sistemas económicos que produjo el capitalismo. Solo a través del mercado –y, por lo tanto, de la competencia de precios– es posible lograr una asignación razonablemente eficiente de los recursos humanos y materiales. A través de la competencia y de la tendencia a la igualdad de las tasas de ganancia, el mercado asigna los factores de producción de manera satisfactoria. Si la oferta de capital, trabajo o conocimiento en un determinado sector es menor que la demanda, los precios aumentan en el corto plazo, pero en el mediano plazo los factores de producción se redireccionan hacia esa mayor demanda y los precios vuelven a equilibrarse. Los economistas clásicos ya demostraron cómo, por medio de este mecanismo, el modelo de equilibrio parcial de Alfred Marshall se volvía aún más claro y transparente.
La libertad económica y la creatividad técnica y empresarial, cruciales para el desarrollo de las sociedades complejas, solo son compatibles con la coordinación a través del mercado. En las fases iniciales del desarrollo económico, la intervención del Estado es indispensable para la acumulación primitiva necesaria para la revolución industrial y capitalista. La industrialización de Japón, a fines del siglo XIX, fue dirigida por el Estado, pero ya en 1910 el país privatizó su industria manufacturera. La Unión Soviética y China se desarrollaron inicialmente a través de la inversión estatal. Sus dirigentes pensaban que estaban realizando una revolución socialista cuando, en realidad, estaban cumpliendo la primera fase de la revolución capitalista. La Unión Soviética fracasó en su competencia con EEUU porque su régimen estatal, orientado a construir las bases de la infraestructura económica, se reveló inadecuado para una etapa más avanzada de desarrollo económico. En América Latina, países como Brasil y México lograron establecer una amplia infraestructura económica a través de la acción directa del Estado y de las empresas estatales, pero luego trataron de abrir sus economías a la iniciativa privada y asegurar la coordinación por el mercado.
Pero esa institución maravillosa que es el mercado es también imperfecta, tanto o más que el Estado. Es imperfecta porque es ciega a los valores políticos y humanos fundamentales: la libertad, la justicia, la protección del ambiente. Es ciega, además, a la eficiencia económica que la justifica. En ciertos momentos, el mercado se vuelve increíblemente ineficiente. Esto es así especialmente en tiempos de crisis: el mercado deja de coordinar para descoordinar, para establecer el desorden. Y no podría ser de otra manera, ya que el mercado es el reino de la economía y, como ya señalamos, la economía es el reino de la necesidad, no de la libertad.
La teoría económica es la ciencia del mercado o, mejor dicho, es la ciencia del mercado regulado por el Estado. Es, por lo tanto, una economía política. Los economistas siempre se sintieron tentados a declarar su independencia en relación con el Estado. En los tiempos de Adam Smith y Thomas Malthus, esta aspiración de autonomía tenía sentido, porque el Estado mercantilista era también un Estado autocrático que muchas veces provocaba más distorsiones que correcciones en el sistema económico. Y también tenía sentido asociar a la teoría económica con el liberalismo, porque la burguesía naciente necesitaba un mayor espacio de libertad para desarrollar sus emprendimientos. Sin embargo, los economistas clásicos eran lo suficientemente realistas como para comprender que su teoría no era apenas económica, sino también política. En otras palabras, que el Estado no era un obstáculo, como afirmaría después el neoliberalismo, sino una parte integral del sistema económico.
El asalto teórico
En los últimos 30 años, una coalición entre ricos inversores y una clase media de brillantes profesionales financieros utilizó el neoliberalismo como un instrumento ideológico para su enriquecimiento. No discutiré aquí cómo esa coalición se formó, dominó inicialmente el pensamiento económico de EEUU y Gran Bretaña y cómo, poco después, se transformó en un instrumento del sector más rico de la población. Tampoco me detendré en el análisis de cómo las finanzas, tan necesarias para el buen funcionamiento de un sistema económico, se transformaron en «financierización» (un proceso de creación de riqueza financiera ficticia y de apropiación de una parte considerable de esa riqueza por financistas profesionales). Lo que interesa en esta discusión sobre el Estado y el mercado, además de establecer la relación básica de complementación y jerarquía entre esas dos instituciones, es comprender cuál fue el papel de algunas escuelas de pensamiento en ofrecer los instrumentos esenciales para el asalto neoliberal contra el Estado.
El episodio más conocido en los orígenes del neoliberalismo es la formación, en 1950, en Mont Pelerin, Suiza, bajo el liderazgo de Friedrich Hayek, del grupo de grandes intelectuales liberales, entre los que se encontraba también Karl Popper, Ludwig von Mises y Milton Friedman. Esta reunión, no obstante, fue solo un antecedente. El neoliberalismo aparecerá con toda su fuerza en la ciencia económica en 1960, en EEUU, y se expresará de forma clara en cuatro corrientes de pensamiento: la teoría económica neoclásica; el nuevo institucionalismo basado en los costos de transacción; la teoría de la elección pública (public choice); y la teoría de la elección racional (rational choice). Como veremos a continuación, esas cuatro teorías definieron una visión reduccionista del Estado y de la política. La teoría económica neoclásica buscó demostrar la inutilidad de la acción reguladora del Estado; el nuevo institucionalismo intentó transformar el Estado en un «segundo mejor» (second best) en relación con el mercado; la teoría de la elección pública transformó el Estado en una organización intrínsecamente corrupta; y las versiones más radicales de la elección racional redujeron la política a un juego de ganancias y pérdidas en el mercado. (Literalmente coincide con el caso de México)
Los economistas nunca consiguieron separar con claridad ciencia de ideología. Por eso no resulta sorprendente que los economistas ahora denominados «neoclásicos» decidieran cambiar el nombre de la ciencia económica, de «economía política» a «economía» (economics), de modo que la separación entre economía y política, entre mercado e ideología, quedara finalmente clara. Así, la economía pasaba a ser una ciencia «pura». Con ese cambio, reconocían que el campo o la esfera económica finalmente había alcanzado un razonable grado de independencia en relación con el resto de la sociedad, lo que permitía definir una ciencia aparte.
Lo que no advirtieron es que eso no justificaba una teoría económica «pura». Tampoco observaron que en realidad estaban siendo más ideológicos que nunca ya que, al pretender esa pureza, estaban escondiendo el elemento político esencial de la economía. La ciencia económica neoclásica daba un paso a ciegas hacia la ideología. Esa teoría, en la segunda mitad del siglo XX, transformó el modelo del equilibrio general de Marshall en una imagen «ideal-realista» del sistema capitalista. La teoría macroeconómica de las expectativas racionales demostró que no había necesidad de una política económica para corregir el ciclo económico. Como esa nueva macroeconomía había probado ser consistente con el equilibrio general, los modelos de crecimiento demostraron lo mismo. En todo ese gran sistema teórico, el principal criterio de verdad no era el ajuste a la realidad y la capacidad de previsión, como exige una ciencia sustantiva natural o social, sino la coherencia interna, que es el criterio propio de las ciencias metodológicas. Para hacer esto posible, el principal método utilizado ya no fue el empírico o el histórico –el método de Adam Smith y Karl Marx– sino el hipotético-deductivo. Así, la teoría económica neoclásica se volvió una ciencia puramente hipotético-deductiva y, por eso mismo, puramente matemática, y se transformó en la demostración perfecta de cómo los mercados son o tienden a ser autorregulados. Y, por lo tanto, por qué el Estado es casi innecesario –apenas responsable de garantizar la propiedad y los contratos–.
En la década de 1970, la pérdida de dinamismo de las economías desarrolladas, la caída de las tasas de ganancia y la estanflación fueron la oportunidad perfecta para que el neoliberalismo montara su ataque al Estado social. La teoría económica neoclásica logró, tras años de keynesianismo, recuperar su papel dominante. Con sus modelos matemáticos de crecimiento y sus modelos macroeconómicos, también matemáticos, basados en las expectativas racionales, la teoría económica neoclásica volvía a «demostrar matemáticamente» el carácter autorregulado de los mercados. Milton Friedman y Robert Lucas fueron los exponentes de esa lucha exitosa por el monopolio del conocimiento legítimo durante dos décadas. Paralelamente, a partir del modelo de Franco Modigliani y Merton Miller, los economistas neoclásicos crearon una teoría financiera, según la cual los mercados son intrínsecamente eficientes y no dependen tanto del Estado como de las decisiones particulares de los administradores financieros. Este determinismo económico radical encontró su auge en los modelos de Gary Becker, en los cuales la esfera económica no solo se separó del Estado y de los demás aspectos de la vida, sino que incluso pasó a determinarlos. Como observó Pierre Bourdieu, esa separación implicó una «revolución ética» a través de la cual «la esfera de los intercambios comerciales se separó de los otros dominios de la vida (…) y las transacciones dejaron de ser concebidas de acuerdo con el modelo de intercambios domésticos comandados por obligaciones familiares». Gary Becker había ido más allá, al reducir toda la vida personal a la economía.
Más sutil, pero igualmente radical, fue el asalto al Estado realizado por el «nuevo institucionalismo» de Ronald Coase. En vez de ignorar al Estado, esta corriente decidió recuperar las instituciones. Muchos economistas recibieron con alegría esta propuesta, que parecía inyectarle una dosis de realismo a la teoría económica. Pero el nuevo institucionalismo no tiene nada que ver con el institucionalismo histórico de la escuela alemana ni con el institucionalismo americano de John Commons y Thorstein Veblen, tan importante en las primeras décadas del siglo XX. Es un institucionalismo hipotético-deductivo, como también lo fue la teoría política del contrato social de Thomas Hobbes y los filósofos iluministas. Pero mucho más radical. Mientras que los filósofos contractualistas dedujeron el Estado de la necesidad de seguridad y de orden que solo un soberano podría ofrecer en el marco del estado de naturaleza, el nuevo institucionalismo dedujo de los costos de transacción la necesidad de todas las organizaciones, de las cuales el Estado es apenas una más. Para ello, partieron de un postulado que podría definirse como bíblico. La Biblia dice: «En el comienzo era el verbo». El nuevo institucionalismo sostiene: «En el comienzo era el mercado». Es decir, lo primero eran individuos produciendo y haciendo intercambios coordinados por el mercado. No eran los Adán y Eva míticos, ni las tribus errantes de recolectores, ni las comunidades primitivas estudiadas por la antropología, sino individuos competitivos y racionales que, además, incurrían en costos de transacción. ¿Cómo resolvieron ese problema? ¿Cómo redujeron los costos de transacción del mercado? Coase sostiene que lo hicieron mediante la creación de organizaciones, entre las cuales estaba el propio Estado. Así, la sociedad queda afuera de esta teoría, para la cual existen apenas los individuos y las organizaciones (entendidas de una manera mucho más amplia que el concepto de organización burocrática utilizado por Max Weber). Las organizaciones no nacieron de la necesidad de división del trabajo y de la cooperación –es decir, de un proceso histórico complejo– sino de la necesidad de reducir los costos de transacción. Así, el Estado antiguo no fue el resultado histórico del aumento de la productividad que generó un excedente económico y su apropiación por parte de algunos grupos más fuertes, que se revelaron capaces de imponer su ley a los demás y así coordinar en su beneficio toda la acción social, sino apenas una organización formada por burócratas y políticos para reducir los costos derivados de la realización de intercambios en el mercado. El Estado moderno no surge de la formación histórica de las naciones y de los Estados-nación, ni siquiera de un contrato, sino de la necesidad de reducir costos de transacción. Para el nuevo institucionalismo, por lo tanto, el Estado es un second best. El ideal –la forma originaria y «natural» de organizar la sociedad y la economía– es el mercado. El mercado es el origen de todo. El Estado está, por lo tanto, subordinado al mercado.
El asalto más radical al Estado, sin embargo, fue promovido por la teoría de la elección pública. Como señalamos, su propia denominación es orwelliana, ya que rechaza la idea de una ética pública. Sus principales representantes –James Buchanan y Gordon Tullock– también conciben el Estado de manera reduccionista, como una simple organización. Pero este fue solamente el primer paso que les permitió lanzar un segundo asalto al Estado. El Estado no es apenas una organización, ni siquiera una organización ineficiente. Es también una organización criminal, una organización cuyos integrantes están solo preocupados por obtener más beneficios (rent-seeking), sin ninguna consideración por el bien común o el interés de la sociedad. Finalmente, la última corriente que forma parte de este asalto al Estado es la de la elección racional. Se trata de una corriente amplia y contradictoria sobre la cual es peligroso generalizar. Su postulado más general, sin embargo, indica que la acción colectiva de los grandes grupos es ineficiente ya que se ve perjudicada por los free riders. Como no existe acción colectiva más amplia y más general en una sociedad que su Estado, este se vuelve necesariamente limitado, ineficiente e ineficaz. No importa que la experiencia histórica demuestre otra cosa. El razonamiento aquí es también hipotético-deductivo. Lo que importa es la lógica de la acción social, no su realidad. A partir de la obra de Anthony Downs, las corrientes más radicales de la teoría de la elección racional pretendieron reducir la lógica de la política a la lógica del mercado. El postulado del homo economicus, utilizado por los economistas, no es absurdo cuando alude a la acción de agentes económicos que buscan maximizar sus ganancias en sociedades capitalistas. Lo que sí es absurdo es partir de ese postulado para montar modelos desligados de la realidad, modelos hipotético-deductivos en los que el criterio de verdad no es la adaptación a la realidad y la capacidad de previsión, sino la coherencia lógica. Utilizar el concepto de homo economicus para analizar la política es contradictorio con la propia naturaleza de la política y la esfera pública: mientras la lógica del mercado es la ganancia, la de la política es el interés público o el bien común. Mientras solo se espera de un agente económico que defienda sus intereses bajo los límites de la ley, se espera mucho más de los ciudadanos y de los funcionarios. Los integrantes del Estado no son solo funcionarios públicos y políticos, son también los ciudadanos del Estado-nación; todos, además de buscar sus propios intereses, están comprometidos con el interés nacional.
Palabras finales
¿Son neoliberales todos los actores de este drama intelectual? La pregunta carece de sentido ya que en todas las ideologías existe un elemento inconsciente fundamental. La definición de neoliberalismo señalada al comienzo de este trabajo a partir de la comparación con el liberalismo es una definición radical, que solo se aplica a la gran mayoría de las personas en la medida en que es inconsciente. Mientras que el liberalismo fue una ideología revolucionaria de una clase media burguesa que luchaba contra una oligarquía y un Estado autocrático, el neoliberalismo fue una ideología reaccionaria de los ricos contra los pobres y contra el Estado democrático social. Muchos de los intelectuales que se identificaron con esas teorías no tenían esos objetivos ni se beneficiaron del neoliberalismo. Pensaban simplemente que estaban haciendo ciencia. Una ciencia que, al postular un tipo de hombre simple, permite la construcción de bellos y precisos modelos matemáticos, que después podrían ser usados para orientar con claridad la política económica. Muchos también pensaron que estaban defendiendo la moral pública al denunciar el rent-seeking de los funcionarios. En realidad, al adoptar los postulados de la teoría económica neoclásica y de la elección pública, se tendía a reducir los patrones morales. Durante el auge de la teoría económica neoclásica, se habló de transparencia en las políticas y se criticó la corrupción como nunca antes (el Banco Mundial, por ejemplo, se transformó en una especie de agencia anticorrupción), pero nunca los patrones morales de los economistas y funcionarios fueron tan bajos. No es casualidad que el último libro de John Kenneth Galbraith se llame La economía del fraude inocente.
Desde comienzos de los 80, el neoliberalismo se volvió dominante. El Estado, como ya señalamos, comenzó a ser visto como un obstáculo. La política fue identificada con la corrupción o la búsqueda deshonesta de ingresos y con el populismo económico. La teoría económica neoclásica, con el modelo del equilibrio general, la macroeconómica de las expectativas racionales y los modelos de crecimiento, se transformó en una metaideología y la justificación central de la tesis fundamental del neoliberalismo: los mercados autorregulados.
Por otra parte, la teoría de la elección pública, al reducir al Estado y sus funcionarios a la corrupción y al concebir a los ciudadanos como meros agentes económicos que solo buscan proteger sus intereses, podría haber contribuido a mejorar los patrones morales de la política. Pero el resultado fue el contrario. Al negar a hombres y mujeres la posibilidad de un comportamiento republicano más allá de la defensa de su propio interés, estas teorías legitimaron la búsqueda exclusiva del interés propio que supuestamente, bajo los límites de la ley, se transformaría en un interés general guiado por la mano invisible del mercado. Además de estar científicamente equivocados (en la medida en que los valores morales y republicanos son también poderosos motivadores del comportamiento humano), estas teorías también afirmaban la inutilidad de la educación cívica, al colocar en un segundo plano los valores morales y cívicos de los ciudadanos que, aunque no impiden la transgresión, tienden a fortalecer las instituciones.
El ataque al Estado y al mercado lanzado por el neoliberalismo puede ser pensado como parte de un ciclo, como sostuvimos en un trabajo de fines de los 80 que, aunque fue escrito cuando la nueva onda ideológica estaba llegando a su auge, nos permitió predecir su agotamiento posterior. Sin embargo, aun cuando existe un elemento cíclico en el proceso económico y político, no sería correcto reducir el problema a una cuestión de altos y bajos. Los 30 años gloriosos del capitalismo no fueron un simple proceso de estatización, y la reacción neoliberal fue mucho más radical que un reacomodo cíclico. Por ejemplo, en América Latina hubo, a mediados del siglo pasado, una fuerte intervención del Estado, pero esto correspondía a la etapa de desarrollo de los países y no a un ciclo estatista. Por otro lado, la violencia neoliberal contra el Estado no apuntó solo contra el Estado productor, sino también contra el Estado inductor del desarrollo y contra el Estado capacitador y protector de las personas. El neoliberalismo fue, en suma, una ideología creada contra la forma de Estado más avanzada hasta hoy construida, el Estado democrático social. No fue una corrección cíclica, ni corresponde a una característica necesaria del capitalismo, sino que fue su perversión.
A través del Estado, las sociedades vienen buscando regular y moldear el capitalismo en función de sus valores y sus objetivos políticos. Se ha desarrollado así un sistema combinado regulado por el Estado y por el mercado que está lejos de ser el ideal, que siempre exige correcciones, pero que ha demostrado que puede servir de instrumento para garantizar a los hombres más seguridad, más libertad, más prosperidad, más igualdad y una mejor protección del ambiente. Este proceso de construcción política fue interrumpido y revertido por el neoliberalismo, pero no hay motivos para que no pueda ser retomado.
Acerca de Luiz Carlos Bresser-Pereira: Es un abogado, político, economista y cientista político brasileño. Como político se desempeñó como ministro de Hacienda en 1987, cargo que heredó de Dilson Funaro, durante el gobierno de José Sarney.
Fuente: http://nuso.org/articulo/neoliberalismo-y-teoria-economica/
Neoesclavismo: La cara oculta del mercado
8th junio, 2016.Por Carlos Barra Moulain
En un mundo en donde se cacarea la libertad e igualdad como signo de tiempos de progreso social, el abismo nos muestra el verdadero rostro de la inequidad humana en el neoesclavismo.
El neoesclavismo es una forma velada de sujeción y explotación humana; presenta mil rostros, en su mayoría como opresión y ultraexplotación, la cual priva por diferentes medios la libertad de una persona desde una actividad laboral.
Es conocido que, ante la prosperidad de países árabes y europeos, las migraciones económicas son habituales frente a la realidad descarnada de los países pobres; pero esta realidad encierra grandes historias de la inequidad y el abuso social, el neoesclavismo es una de ellas.
En los países industrializados los contratos de palabra o escritos suelen convertirse en camisas de fuerza, aunado a que en el caso de los migrantes e incluso de las personas del propio país, suelen amparar abusos de todo tiempo, en los cuales la explotación y las violaciones a los derechos humanos son una práctica habitual. Pensemos en la explotación de los niños en América Latina, donde la explotación del trabajo infantil es evidente y está protegida por gobiernos y sectores sociales que se benefician de ella.
Sobresale de esta mierda, el hecho de que las cadenas de trabajo ampliamente explotado son también cadenas que margina y provocan pobreza; el trabajo no libera de la pobreza, al menos no el trabajo que explota a los seres humanos. También, la variable legal es consustancial a la explotación, todos sabemos que los salarios mínimos son salarios de hambre, índices perversos que esconden la miseria humana con el rostro de la “igualdad legal”.
El neoesclavismo es una realidad que se incrementa a pasos agigantados, la razón de ello estriba, en que los gobiernos están en contubernio con los grupos que se benefician y que amasan grandes fortunas a través de la explotación sin escrúpulos, afianzando las cadenas de sujeción y explotación del tejido social más vulnerable y el cual se encuentra en la pobreza no por ser incapaz o por estupidez, sino por el determinismo político y económico que prima en las sociedades “modernas”.
Fuente: http://cued.mx/blog/neoesclavismo-la-cara-oculta-del-mercado/
Esclavismo vs. Neo-esclavismo.
Definamos al esclavismo como un régimen de abastecimiento de mano de obra donde la misma está integrada por personas privadas de su libertad. Suponiendo que el amo quisiera maximizar sus ganancias; los corolarios de esta definición serían los siguientes:
- El amo debe asegurarle un nivel de salud mínimo indispensable a su esclavo;
- El amo puede comprar y/o vender a su esclavo y
- El amo puede castigar, pero nunca matar a su esclavo.
Las conclusiones al respecto son las siguientes:
- Para que pueda hacerlo trabajar lo máximo posible y venderlo más caro;
- Para evitar tener capital inmovilizado y
- Porque significaría lucro cesante el no poder venderlo.
En definitiva, el esclavo recibe el mismo trato que una máquina a la cual se le desea sacar el máximo rendimiento posible: deben repararse los daños provocados por el uso. No tiene sentido destruirla o descartarla, ya que su costo de reposición es elevado.
En cambio, el neo-esclavismo se vive hoy en día en cualquier gran empresa y puede definirse como un régimen de abastecimiento de mano de obra (barata) donde la misma está integrada por personas libres, pero exigidas más allá de los límites impuestos por la Ley. Los corolarios de esta definición surgen de la simple observación de la realidad:
- El patrón exigirá lo máximo posible a su empleado y
- El patrón incurre en gastos tanto al tomar un empleado, como al deshacerse de él.
Las conclusiones al respecto son las siguientes:
- Este método funciona de filtro: quien rinde el máximo, se queda; quien no logra adaptarse, se va por sí mismo; y
- Los gastos de reclutamiento se dan a la entrada y a la salida de personal; dado que, si sale uno, debe entrar otro. Por ello deben evitarse a toda costa los gastos en indemnizaciones. (Nueva Ley Federal de Trabajo para México)
En definitiva, el empleado recibe el mismo trato que un artefacto descartable: debe usarse hasta que se gaste o se rompa por el uso. No tiene sentido repararlo, ya que su costo de reposición es bajo; y tampoco descartarlo antes de tiempo, si puede seguir sirviendo (incluso para otros fines).
Es un hecho que ni un amo ni un dueño de una gran empresa conocen por su nombre o facultades humanas a todos sus esclavos y empleados, respectivamente. Sólo conocen dos cifras con exactitud: la cantidad de ese recurso y su capacidad promedio de generar dinero. Por ello, en el extremo, podemos analizar estos fenómenos laborales como sistemas compuestos exclusivamente por fuerzas económicas. Recién en este punto, la esclavitud y la neo-esclavitud serían comparables. A partir de ello, sería correcto afirmar que, a los ojos de un amo o patrón, esas personas son herramientas. Entonces, salvadas las distancias, ¿a quién se valora más, al esclavo o al neo-esclavo?
Fuente: http://stonerbrunch.blogspot.mx/2006/04/esclavismo-vs-neo-esclavismo.html
NEOESCLAVISMO.
Tras el derrumbe de las economías socialistas, el mundo sindical y las reivindicaciones de derechos laborales se vieron abocados a una aguda crisis, que se conjugó con la adopción de ideales neoliberales dentro de la estructura estatal y que desembocó en políticas de flexibilización y desregulación laboral que poco a poco minaron la estructura de los ejes de los movimientos sociales anteriores a los ochenta.
Con el auge del capital corporativo transnacional y la desregulación en materia laboral, se dio paso a un neoesclavismo que se caracteriza por índices de explotación humana similares a los de comienzos de la Revolución Industrial: entre 16 y 20 horas de trabajo diario, relación salarial ínfima y producción basada en cuotas crecientes a cumplir diariamente.
Por lo general ocurre en grandes maquilas donde se fabrica y habita en condiciones infrahumanas. Son principalmente mujeres quienes toman el empleo y son sometidas a abusos sexuales, hacinamiento, raciones bajas de comida, encierros prolongados e imposibilidad para realizar sus necesidades fisiológicas ante el afán de cumplir las cuotas. (En México ya se han visto estos casos)
En ocasiones las plantas, al contar con bajas condiciones de seguridad y ventilación, han llegado a incendiarse con sus trabajadores adentro. Algunas maquilas se instalan en barcos interoceánicos, a los que ninguna ley laboral cobija. Mientras viajan de un continente a otro, realizan los pedidos; de vuelta, recogen las materias primas y las transforman.
Recientemente se hundió un barco asiático en aguas del Pacífico con las maquilas y las familias de trabajadores. Estas personas acceden a estas deplorables condiciones de vida por la miseria que en muchos lugares del mundo (México, África, Asia) se ha agudizado tras el auge de procesos de globalización.
Diversas empresas transnacionales conocidas, como Nike, Adidas e incluso Disney figuran en la lista de transnacionales que usan este abominable método de producción para maximizar sus beneficios y ser competitivas frente a la eficiente industria China que usa métodos similares de explotación dada la gran oferta laboral (personas económicamente activas) que tiene esa nación.
La principal pregunta en la actualidad se centra en el papel de organismos internacionales como la OIT, la ONU u organismos de derechos humanos. ¿Su escasa intervención se deberá a que muchas están suscritas a países desarrollados cuyos intereses en las transnacionales deben salvaguardar?
Publicado por Ing. Liliana Puello López en 1:52:00 p. m. LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Fuente: http://proyectosfitco.blogspot.mx/2009/09/neoesclavismo.html
Empresas de Seguridad Privada
UN CASO DE NEO ESCLAVISMO LABORAL
Por María de Lourdes Martínez González
Los trabajadores de empresas de seguridad privada están obligados a cubrir jornadas de 12 horas continuas, por un salario de 116 pesos diarios sin pago de alimentos ni de horas extras.
También cubren turnos de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, por el doble de salario, pero igualmente sin pago de prestaciones sociales.
Entrevistamos a una empleada de resguardo, quien nos llamó la atención porque estaba desesperada por el sueño, que le provocaron 36 horas de trabajo continuo.
Por su seguridad omitimos el nombre de ella y de la empresa para la que trabaja.
“Cuando nos dicen que nos tenemos que quedar a doblar, no te piden opinión, simplemente nos tenemos que quedar. Ahorita yo ya tengo 36 horas trabajando, sin poder dormir. Porque igual te quedas en el piso, sin cobijas, porque no me habían avisado. Me duele la espalda, la cabeza, pero ni modo, tengo que estar aquí. Y hay otras personas que ya están desde el viernes ahí trabajando. Duermen tres horas diarias, a veces menos, porque es muy difícil dormir en el piso”.
P.- ¿Les dejan de pagar o les retrasan sus pagos?
R.-Sí de hecho nos hacen trabajar y en lugar de que nos llegue completo nuestro salario, nos salen con que nos quedan a deber, de hecho a mí me quedaron a deber 185 pesos, que prácticamente es un día y medio de trabajo. Se me hace injusto que haya yo aquí perdido ese tiempo. Alegué yo y me dijeron que sí me lo iban a pagar, pero ahorita ya pasaron quince días y no me han dado nada.
Las empresas de seguridad privada, en su mayoría son negocios de comandantes de las instituciones de seguridad pública, retirados, despedidos o en activo. Y se pusieron de moda para el resguardo de hospitales públicos y particulares, guarderías, fábricas y compañías que se niegan a adquirir obligaciones laborales con sus elementos de seguridad.
Son propiamente dicho empresas terciarias o contratistas de personal de seguridad y resguardo que, ¡NO LOS CAPACITA, NUNCA LES BRINDA ORIENTACIÓN SOBRE CÓMO REALIZAR SU TRABAJO! Únicamente les dice que van a estar parados o sentados junto a una puerta todo el día, registrando quien entra y quién sale.
Actualmente la modalidad es contratar madres solteras, viudas o divorciadas, muy necesitadas de un ingreso salarial, aunque sea mínimo.
“Todas somos jóvenes, la mayoría ya tiene tres o cuatro hijos y los tenemos que mantener solas, porque prácticamente las mujeres no tenemos el apoyo del hombre o del marido”.
¿En la comida, en tu manutención cuánto gastas?
-Gracias a Dios mi padre me ayuda, pero, así como recibo todo mi dinero lo dejo en la casa para que mi mamá se haga cargo de los gastos. Y le estoy hablando de que es leche, cereal, la comida, el agua, porque aparte son los zapatos y la ropa, en ese aspecto es en lo que me ayuda mi padre.
¿Por qué tuviste tantos hijos?
-Tengo doce años de casada, me casé muy joven. Hace muy poco me separé, tengo un hijo de doce años, otro de ocho años uno de tres y de todos me estuve cuidando para no embarazarme. Pero así como hay mujeres que no pueden tener hijos, hay otras como yo que se haga lo que se haga, tienen lo que tienen.
-Me decías que cuando descansas llegas a tu casa a trabajar ¿cómo es eso?
Tengo que llegar a trabajar porque tengo tres pequeños. De hecho yo soy una mujer separada, tengo que ver por ellos. Después de aquí tengo que llegar a su pobre casa a hacer bolsas de papel para regalo, eso es hasta las dos de la mañana. Así que prácticamente duermo tres o cuatro horas, si me va bien.
Y los domingos, que es cuando tengo yo de descanso, pués todo el día trabajo yo lavando, planchando, de hecho no descanso.
-¿Hay algún incentivo o qué te motivó a tener un trabajo tan pesado como este?
Pues es que no había encontrado y le comento que soy separada de hace muy poco, nunca había trabajado y tengo que luchar por mis hijos
Debido a la separación de su marido, esta trabajadora de seguridad privada intentó suicidarse y lejos de lograr su objetivo lo único que ganó fue una gastroenteritis por sobredosis de pastillas, que la obliga a recibir constantemente atención médica.
Desafortunadamente la empresa para la que trabaja no la ha dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque se lo prometió y es una obligación patronal.
Fuente: http://www.frecuencialaboral.com/neoesclavismo.html
La naturaleza y la explotación de recursos: el neoesclavismo
Ramiro Ávila Santamaría15/03/2012
La naturaleza es sujeto de derechos, según la Constitución de Montecristi. Eso quiere decir que todos los seres humanos y el estado tenemos la obligación de respetarla. El enunciado constitucional no es una declaración de principios o sólo palabras. Esto parece no entender el gobierno y muchas personas cuando firman y apoyan un contrato para la explotación minera a cielo abierto. El gobierno abiertamente está violando la Constitución.
Para entender lo que significa haber reconocido los derechos de la naturaleza, quisiera hacer algunas comparaciones históricas con el reconocimiento de derechos de seres humanos que han sido tradicionalmente irrespetados.
Hace muchísimos años, se creía que sólo tenían derechos quienes tenían poder político, es decir, quienes gobernaban y podían imponerse mediante la fuerza. Ahora a esos derechos los llamamos privilegios porque la gran mayoría de personas no los tenían. Años más tarde, reclamaron los derechos quienes tenían plata a quienes tenían la fuerza. Se juntaron, pues, los poderosos políticos y económicos. El resto seguía sin derechos. Tuvieron que pasar muchos años para reconocer los derechos a quienes no tenían poder político ni económico.
Hay dos formas en las que los tradicionalmente poderosos se relacionaron con las personas que no tenían derechos: el esclavismo y la servidumbre.
Los pueblos afrodescendientes fueron considerados cosas. El derecho que se les aplicaba era el de los bienes y el de los contratos. Las personas afrodescendientes podían ser vendidas, compradas, regaladas, prestadas, igual que cualquier otro bien. Sus dueños disponían de la persona en función de sus necesidades o caprichos. Se transfería la propiedad de los afrodescendientes de la misma manera que se compraba una casa o un terreno. Las personas afrodescendientes no tenían derechos, no podían hacer contratos, se les consideraba tan ignorantes que se tenía la certeza que no podían tener su libertad. Había que explotarles, tenían que trabajar día y noche, había que cuidarles para que puedan trabajar más y más, y había que tenerlos sometidos. Este sistema se llamó esclavismo y lo vivimos en nuestro país y en todo el mundo.
Los pueblos indígenas también fueron considerados inferiores que quienes gobernaban y tenían el poder. A diferencia de los pueblos afrodescendientes, se les aplicó el sistema que ahora se conoce como servidumbre. Si bien no eran esclavos, eran explotados de tal forma que tenían un sistema de vida parecido. Se les pagaba salarios de miseria, vivían endeudados, no podían escoger el trabajo y tenían que cumplir las órdenes de los dueños de las tierras.
Tuvo que pasar muchos años para que la conciencia de la humanidad reconozca que los afrodescendientes y los indígenas son seres humanos que merecen igual respeto que las personas que tienen poder y gobiernan. Así como los presidentes y los ministros no explotarían a sus parientes cercanos y seres queridos, porque merecen respeto, así no se les puede explotar a los indígenas y afrodescendientes. Los dos sistemas, el esclavismo y la servidumbre, están ahora considerados como graves violaciones a los derechos humanos y son prohibidos en todos los sistemas jurídicos.
En pleno Siglo XXI, la Constitución del Ecuador hace un llamado a respetar a un sujeto que está siendo sometido a tratos semejantes a los que fueron sometidos los pueblos afrodescendientes e indígenas: la naturaleza.
La naturaleza en el mundo (no en Ecuador), jurídicamente hablando, al igual que las personas afros e indígenas hace muchos años, es considerada como un bien, disponible por parte de los dueños que la han parcelado, y a la que hay que extraerla hasta la última gota de vida, de tierra fértil, de agua, de minerales, de seres vivos que abriga.
A la naturaleza se le cuantifica por lo que se le puede explotar. Por ejemplo, un pedazo de naturaleza podría costar 1.830 millones de dólares, como antes el esclavo costaba en función de su salud y su capacidad para el trabajo; o las tierras se vendían con los indígenas y a mayor cantidad de ellos, más cara era la tierra porque producía más. A la naturaleza se le puede abrir un hueco de 250 metros y de diámetro 1.2 kilómetros , como antes se le podía cortar las manos a los esclavos y permitirles que se desangren. A la naturaleza se le puede privar de 2.030 especies de plantas, 142 de mamíferos, 613 de aves, 9 de reptiles y 56 especies de sapos y ranas 2.030, como antes se podía vender un esclavo y privarle de su familia. A la naturaleza se puede arrojar 326 millones de toneladas de desechos, como antes un cadáver de esclavo era arrojado en fosas comunes.
Todo esto puede pasar cuando no se reconoce a las personas como titulares de derecho o cuando no se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Afortunadamente, esto no podría pasar en Ecuador, porque hace cuatro años ya aprobamos una Constitución que prometió que iba a protegerla. Además, el estado está vinculado por las garantías que ésta establece. Es decir, el legislativo hace leyes para promover los derechos; el ejecutivo firma contratos y hace planes nacionales de desarrollo para promover los derechos; la función judicial y la corte constitucional, mediante acciones de protección y acciones de inconstitucionalidad, corrigen al ejecutivo y al legislativo cuando violan derechos.
Pero quizá me equivoque y no esté hablando del Ecuador, cuando me entero que el legislativo, contra el mandato constitucional, ha aprobado una ley de minería que convierte al país en minero, el ejecutivo ha firmado un contrato con una empresa China sobre un proyecto denominado Mirador; que una demanda de inconstitucionalidad presentada por los indígenas fue rechazada por la corte constitucional y ha hecho que las garantías jurisdiccionales no funcionen. Quizá me equivoque cuando describí que los millones de dólares, los miles de metros de profundidad y diámetro para explotar minerales y los millones de toneladas de basura por la minería se referían precisamente al Ecuador, al país que prometió constitucionalmente respetar a la naturaleza.
El extractivismo petrolero y ahora minero no es otro cosa que la versión moderna del esclavismo a sujetos que merecen respeto. Esto duele y merece ser denunciado. Como no han funcionado las garantías normativas, de políticas públicas y jurisdiccionales, no queda otra que ejercer el derecho a la resistencia. Para nuestra suerte, los pueblos indígenas siguen enseñándonos lo que debemos hacer: protestar, marchar, defender la vida, buscar otro sistema económico, entender la Pachamama y el Sumak kawsay. Sin la voz de las indígenas, definitivamente no podremos construir el país que la Constitución de Montecristi dibujó y el estado se encuentra violándola.
– Ramiro Ávila Santamaría, Exviceminsitro de Justicia, profesor universitario.
Fuente: https://www.alainet.org/es/active/53396
El Neoesclavismo en La Democracia.
Jaime Canta, Ideas encontradas. 2/04/2017
Los antiguos griegos decían que el oro es para los reyes, la plata para los caballeros y la deuda para los esclavos. Hoy en día esa frase está muy vigente. Prácticamente todos los países con regímenes democráticos están endeudados.
Estados Unidos que se jacta de ser la democracia modelo en el planeta, es el país con mayor deuda pública con casi 19 billones de dólares, a enero de 2016. El Reino Unido tiene actualmente una deuda pública de más de un billón 840 millones de libras esterlinas. Y en ambos casos las deudas siguen aumentando. Por contribuyente, en el Reino Unido, la deuda es de 50,813 libras.
Otros países también tienen sus deudas públicas en continuo crecimiento, como México que en 2015 su deuda llegó a casi 618 mil millones de dólares; Brasil en marzo de 2016, su deuda alcanzó los 813 mil millones de dólares; y España, al final de 2016 tenía una deuda pública descomunal para el tamaño de su economía de 1,105 billones de euros.
En todos lados las monedas se han depreciado. El poder adquisitivo de la ciudadanía ha disminuido desde los años 70. El planeta sigue en crisis económica luego del fin de la prosperidad de los años 90 cuando casi todos se animaron a comprar y comprar.
Lo anterior quiere decir que en el nuevo milenio los deudores se han multiplicado por millones a diestra y siniestra: personas ordinarias, empresas y el país completo.
Ahora la democracia es un membrete. Las pocas salidas legales para dejar de ser deudor,o neoesclavo, es ser funcionario público bien pagado o un exitoso empresario gracias a la habilidad en los negocios y/o a las conexiones en el sector público. Es decir, ser parte de la oligarquía nacional.
La ideología imperante es la del dinero. Tal vez esto cree, como en el pasado, los factores para que germinen movimientos sociales con auténticos líderes políticos ajenos a los sistemas democráticos conocidos.
Las democracias de hoy han fracasado, como fracaso el socialismo y el comunismo. Estamos de vuelta en el esclavismo. Es sorprendente, para mí, que así sea cuando hoy en día tenemos la posibilidad de estar informados y la gran mayoría de la gente, en muchas partes del mundo, se ha dejado engañar con el discurso aterciopelado del capitalismo que se ha apropiado del nombre “democracia”.
La democracia capitalista que promete cientos de opciones en el mercado de donde escoger, pero solo da al ciudadano una sopa económica: la deuda. Hay que endeudarse para tenerlo todo y ser feliz. El dinero lo han depreciado ventajosamente los grandes corporativos internacionales a causa de la ineptitud, la corrupción y la sumisión de los políticos.
Los líderes políticos no organizan cumbres para contrarrestar el avance del dominio de los megacorporativos internacionales. No. Ellos están facilitando constantemente la expansión del capital y la explotación de las naciones. Los llamados “cambios” políticos y económicos que anuncian en las cumbres son solo la continuidad que refuerza el plan económico en desarrollo.
Lo que hace falta cuanto antes, es un cambio con ruptura con ese plan que tiene esclavizada a las naciones en todo el orbe. Ese cambio auténtico tiene que venir de auténticos intelectuales que no están ligados con el sistema económico esclavizador.
No podemos confiar en los políticos profesionales que a través de partidos políticos desean “cambiar” el orden de cosas. No podemos confiar en los intelectuales que son empleados en universidades o colegios prestigiados (aprobados) por el sistema. El cambio auténtico tiene que venir de un movimiento desligado a los intereses que afectan al público en general.
Fuente: https://ideasencontradas.wordpress.com/2017/04/02/el-neoesclavismo-en-la-democracia/
Fin de trayecto: el neoesclavismo
España. Rafael Silva. Revista Rebelión. 2014.
“Hay muchas formas de matar
Pueden meterte un cuchillo en el vientre
Quitarte el pan
No curarte de una enfermedad
Meterte en una mala vivienda
Empujarte hasta el suicidio
Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo
Llevarte a la guerra, etc.
Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado”
Bertolt Brecht, Me-Tí. El libro de los cambios (1937)
Del liberalismo al neoliberalismo, y del esclavismo al neoesclavismo. Así podríamos resumir la relación directamente proporcional de dichos conceptos, en la época que nos está tocando vivir. Los cimientos de la ilusión representada por la mal llamada “clase media” se esfuman, se evaporan, cuando esto se convierte en un salvaje “sálvese quien pueda”. En el año que comienza, suben tarifas y precios públicos (Renfe, autobuses, luz, peajes de autopistas, copago farmacéutico…) mientras los salarios se congelan o disminuyen (cuarta congelación de sueldos para los funcionarios, SMI congelado en 645 euros, o vergonzante subida del 0,25% en las pensiones públicas). Mientras los despidos brutales y masivos están a la orden del día, nos enteramos cada vez de más casos donde los propios dirigentes de las empresas se subieron el sueldo de forma escandalosa una vez entrados o declarados en quiebra técnica, en bancarrota (no sólo bancos, sino también otro tipo de empresas, como Pescanova). Parece ser que se trata de que trabajemos en precario, para que ellos puedan vivir como reyes. Hemos llegado a la institucionalización del saqueo, a la aceptación social de unas prácticas delictivas de desposesión de la clase trabajadora, todo ello desde las más solemnes tribunas del neoliberalismo, y desde las más altas instancias supranacionales.
Jorge Moruno, sociólogo y colaborador de la Fundación CEPS se expresa en los siguientes términos: “El neoesclavismo que se asoma inicia el camino de la historia a la inversa, arrastrando los cambios que han tenido lugar en los últimos 200 años. Hoy el capitalismo extrae la riqueza de otra manera, aunque también mantiene vivas las viejas formas. No existe ninguna compensación social al modelo precario de producción. El neoliberalismo no es capaz de otorgar un volumen de trabajo necesario para garantizar un mínimo de dignidad a la población. Lo que no es óbice para que la retórica oficial continúe apoyándose sobre el imaginario que lleva asociado el trabajo en nuestra sociedad. Aunque éste ya no cumpla su función como elemento de integración social”.
Nos imponen bajadas de salarios, recortes sociales, laborales, rescates a la banca, privatizaciones, eliminaciones de derechos conquistados o mayores cesiones de soberanía, mientras nos ablandan por otro lado con los sermones de que nuestro rescate ya quedó descartado, la prima de riesgo baja, las inversiones extranjeras comienzan a afluir lentamente, se recuperan las exportaciones, y mejora sustancialmente el cuadro macroeconómico. Pero hasta el Rey Juan Carlos, poco sospechoso de radical marxista, ha proclamado en su discurso navideño que, para él, “la crisis no habrá terminado mientras queden españoles que no puedan trabajar”. Afortunadamente, se les esfumó la oportunidad de establecer la peligrosa isla de EuroVegas, pero continúa en pie el proyecto BCN World, y si no migramos a otro modelo productivo, se sucederán más experiencias en esta línea. Desregulación laboral, bajadas de salarios, precariedad en el empleo, se alternan con monstruosos beneficios empresariales, y ERE en las empresas que justamente más beneficios declaran. Es la institucionalización de la pobreza. Vamos construyendo un imaginario colectivo donde al parado se le mira como a un parásito, y al empleado como a un privilegiado. (Recordar las últimas palabras del bronco, respecto a eliminar la mendicidad, durante el último debate del pasado 12 de junio del 2018)
Todos los bienes colectivos, y toda la riqueza pública y común, se pone al servicio de los intereses privados, es carne de mercantilización. Desde la Universidad hasta los derechos más básicos y fundamentales se transforman en valor de cambio, en tendencia, en objeto para la descarnada competitividad. Todos somos libres para convertirnos en los nuevos siervos del siglo XXI, en los nuevos esclavos del capital. Al esclavo romano o feudal se le garantizaba un techo y una manutención, los esclavos de hoy no tienen garantías de nada. Retomo las palabras de Armando B. Ginés, cuando sostiene: “Ahora con la crisis, el neoliberalismo, la norma Wert, el ansiado retoño malformado y abortivo de Gallardón y la ley mordaza contra la disidencia pública de Fernández Díaz vuelven a agudizarse de manera descarnada las diferencias de clase. La Universidad trazará otra vez una barrera invisible prácticamente inexpugnable entre la clase alta y la clase trabajadora. A las hijas e hijos de éstos no les quedará más remedio que regresar al oficio, empleo u oposiciones de escalones inferiores para ser alguien en la vida, eso sí, dentro de una movilidad geográfica y temporal extrema, dando tumbos de contrato en contrato sin solución de continuidad alguna, compitiendo además con sus pares de clase hasta la extenuación en una carrera de fondo sin metas concretas salvo las de sobrevivir a toda costa”.
Y más adelante continúa: “La crisis actual está poniendo las cosas en su sitio clásico. Los de arriba en la cúspide y los de abajo con los pies en la tierra, batiendo el suelo con las migajas de costumbre. El capitalismo ha surcado muchas etapas y de todas ha salido más o menos indemne, sabiendo adaptarse a las circunstancias históricas cambiantes e imprevisibles a las mil maravillas. Ahora, regresa triunfante a su origen, expropiando a la clase trabajadora de sus conquistas sociales y derechos civiles y políticos. El medievalismo vuelve por sus fueros. Hay que dejar al trabajador desnudo ante la competencia inexorable. De esta forma, tendrá que venderse al mejor postor por el mínimo imprescindible para sobrevivir. Adiós aborto y mujer trabajadora, adiós futuro razonable. Hola vuecencia esclavitud, hola mi señor y amo”.
La situación es asqueante, vergonzante, indecente, obscena e inmoral, cada vez más proclive al estallido social. No ha finalizado de implantarse un ajuste, aún no ha habido tiempo de examinar los resultados de una cierta reforma, cuando ya nos decretan la siguiente. La hostilidad, el ataque de la clase dominante hacia los de abajo llega ya a límites inimaginables en una sociedad que se precie de serlo. Estamos llegando a la barbarie que nos anunciara Rosa Luxemburgo. Y por si todo ello fuera poco, se nos vierten las falacias constantes sobre las diferentes reformas que plantean. Por ejemplo, la reforma de las pensiones, sabiendo que, sobre ellas, sobre las pensiones de nuestros mayores, pivotan hoy día los recursos y la subsistencia de millones de familias. Y resulta un auténtico insulto a la inteligencia ocultar la paradoja fundamental, a saber: a partir de ahora, las pensiones públicas se van a ir reduciendo hasta convertirse en algo puramente de beneficencia. Así es que, siguiendo esta lógica, parece que quieren instarnos a contratar planes privados de pensiones. Pero un fondo de pensiones necesita un salario fijo, grande o pequeño, para que se pueda ir reservando una cierta cantidad de dinero mensualmente a sufragar dicho plan. Pero como resulta que el empleo no está garantizado, no hay garantías de que el fondo de pensiones sea abastecido lo suficiente, con lo cual, simplemente, tampoco por esa vía los pensionistas del mañana tendrán su pensión asegurada. ¿Es o no una falacia? ¿Creen que no nos damos cuenta? ¿Qué pretenden? ¿Que seamos esclavos de por vida y mendigos en nuestra vejez? Y la pregunta más importante: ¿seremos capaces de recuperar nuestra dignidad?
Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es/
Fuente: http://rebelion.org/noticia.php?id=178983
Capital Social
Autor: Ignacio Galindo
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Capital Social en México
Definición y Carácteres de Capital Social
Concepto de Capital Social que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (voz escrita por Pedro Labariega): Capital (del latín capitalis, de caput, is, cabeza). Existen diversas acepciones del término en cuestión, según el marco teórico de referencia empleado. Por ejemplo, el Diccionario de la Lengua Española señala doce distintos significados, cinco de los cuales aluden a la cuestión económica:
- Hacienda, caudal, patrimonio.
- Cantidad de dinero que se presta.
- Caudal, bienes que aportan el marido o la mujer al matrimonio.
- Valor permanente de lo que de manera periódica o accidental rinde u ocasiona rentas, intereses o frutos.
- Uno de los cuatro factores de la producción formado por la riqueza acumulada que en cualquier aspecto se destina de nuevo a aquélla, en unión del trabajo y de los agentes naturales.
Por su parte, el Diccionario de Ciencias Sociales indica que es el producto destinado a nuevas producciones. El trabajo acumulado y destinado a nueva producción. El caudal de bienes que una persona o entidad posee. Mercantilmente, el conjunto de medios de cambio de moneda, destinados a sostener, regularizar e incrementar operaciones comerciales. Social (del latín socialis). Lo perteneciente o relativo a una sociedad o a los socios aliados o confederados (Diccionario de la Lengua Española).
Fuente: http://mexico.leyderecho.org/capital-social/
DEFINICION DE ESTADO:
El concepto de Estado puede tener diferentes significados, en las ciencias naturales, el estado es una situación o modo de estar en que se encuentra una persona o cosa; así como también el grado o modo de cohesión de las moléculas de un cuerpo o materia (sólido, líquido o gaseoso).
En términos jurídicos y sociales, un Estado es la forma y organización de la sociedad, de su gobierno y al establecimiento de normas de convivencia humana; es la unidad jurídica de los individuos que constituyen un pueblo que vive al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una Ley, con el fin de alcanzar el bien común.
El Estado es una maquinaria mediante la cual se hace efectivo el poder político; y el gobierno es quien, en una primera aproximación, detenta ese poder, ya que está constituido por el conjunto de personas que manejan dicha maquinaria.
La palabra Estado, no aparece en las lenguas europeas hasta el Renacimiento. Durante la Edad Media, el poder político se confundía con la propiedad. No existía el Estado en el sentido moderno, pues no había institución alguna que ostentara el monopolio del poder político, implicación que sólo surgió con el desarrollo del concepto de soberanía.
Fuente: http://conceptodefinicion.de/estado/
DEFINICION DE GOBIERNO:
El vocablo gobierno hace mención al desarrollo de un poder del Estado y/o a la conducción dirigencial en general. Según la teoría, se define como gobierno al organismo que, según reconoce la Constitución, asume las responsabilidades del poder ejecutivo y concentra el poder político para conducir a una determinada sociedad. Generalmente, está integrado por un Presidente o Primer Ministro y una cierta cantidad de Ministros, Secretarios y otros funcionarios.
Es importante destacar que gobierno no significa lo mismo que Estado: un gobierno consigue llegar al poder (en el caso de la democracia, mediante elecciones libres), ejerce su tarea y se retira, pero el Estado perdura siempre de la misma manera y es inalterable frente a los sucesivos gobiernos. En otras palabras, puede decirse que el gobierno es un grupo donde se nuclean diversos órganos que encaminan a un Estado, por medio del cual se refleja el poder estatal regido y controlado por el orden jurídico.
La historia señala que los primeros gobiernos se formaron en la tribu, con la intención de coordinar de manera eficiente los recursos humanos. Con el paso de los años, la función de gobierno terminaría por segmentarse en tres poderes: el Poder Ejecutivo, que actúa como ente coordinador; el Poder Legislativo, encargado de generar las leyes y normas que rigen la vida en un cierto territorio; y el Poder Judicial, cuya tarea es velar por el cumplimiento de dichas leyes y normas.
Entre las distintas formas de gobierno, puede mencionarse a la democracia (donde, por medio de mecanismos de participación directa o indirecta, el pueblo elige a sus representantes) y a la monarquía (donde el cargo supremo de un Estado es vitalicio y suele ser designado a través de un orden hereditario).
El término también hace alusión al método a través del cual un grupo político dirige a un pueblo. Para gobernar a una sociedad, dicho grupo se sirve de los órganos estatales, legítimamente constituidos, para elaborar leyes y ponerlas en práctica.
Las formas en las que un gobierno asume su mandato pueden ser diversas. En el caso de una república se decide a través del sufragio, todos los ciudadanos votan para escoger al mejor candidato a ocupar el puesto; en el caso de las monarquías el puesto se consigue por lazos de sangre o voluntad divina. Si se trata de un gobierno de facto, el puesto es tomado mediante la fuerza por un grupo que considera que el gobierno vigente no realiza bien su labor.
FUENTE: https: //definicion.de/gobierno/
OBLIGACIONES DE UN GOBIERNO:
En este artículo enumero cuales son las funciones básicas de un gobierno, y justifico el por qué debe tener atribuido el monopolio de dichas funciones sociales, ya sea por ser cruciales para el crecimiento económico, por ser elementos redistributivos de la riqueza, o simplemente por ser patrimonio inalienable de la ciudadanía al ser ella misma parte indispensable de la generación de la riqueza nacional. Pregunto al lector la forma en que dichos objetivos pueden ser alcanzados, y/e inmediatamente a continuación sugiero algunos mecanismo de política pública y en materia económica con los cuales un gobierno puede llevar a cabo y enfrentar sus obligaciones naturales en materia de seguridad personal y social, de redistribución del ingreso, en educación, salud, crecimiento del capital humano y búsqueda de la felicidad y prosperidad generalizadas.
https: //tuul.tv/lista-paginada/noticias-politica-blogs/cuales-son-obligaciones-un-gobierno
Como si fuera un resumen:
Estimado lector, antes de iniciar este “resumen”, quiero agradecerte por el enorme esfuerzo de leer este documento compilatorio, ya que las lecturas en algunos casos son muy técnicas y especializadas y en otros son ligeras, lo que en sí dificulta más el esfuerzo y la comprensión, sin embargo, es necesario, ya que no existe un libro o documento que permita entender como un país tan rico y abundante como México se encuentra sumido en grandes desigualdades.
El primer texto, es definitorio del significado de neoliberalismo, plan implantado en México desde los años 80´s sin que en ningún caso nuestros gobernantes nos hayan informado el por qué o quién autorizó, que como país nos involucráramos en esta economía. Claro, siempre dijeron y argumentaron que ese camino nos llevaría por la ruta de la prosperidad y de la abundancia.
Inicio comentando que la distribución de los textos tiene como finalidad, primero, hacer un ejercicio de memoria de los hechos que han sumido al país en un esquema económico internacional muy interesante y con posibilidades de promover una microeconomía creciente y sustentable, lo cual n o ha sucedido en México, pero si en países como Australia, Islandia, Francia, entre otros. Este texto es de un gran maestro de la Facultad de Economía de la UNAM, y trata precisamente de cómo se dio el proceso de privatización en México, proceso que no siempre fue claro, y cuyos ingresos por la venta de estas empresas, jamás tuvimos información de destino, como ha sido el caso actual de las reformas promovidas por el actual régimen.
El siguiente texto, es de Remy Herrera, connotado profesor de la Universidad La Sorbona, referente a la teoría del neoliberalismo, y sus efectos en la economía de un país similar al nuestro. Aquí quiero enfatizar que de este texto se desprenden multitud de similitudes con respecto a lo que nos está sucediendo en nuestro entorno económico, tanto micro como macro, y subrayo que este texto es del año 2006, y aun así, seguimos transitando por este camino, a pesar de las circunstancias poco benéficas en el contexto mundial.
El siguiente texto habla en un lenguaje menos técnico, sobre el neoliberalismo, y son de Luiz Carlos Bresser Pereira, abogado, político, economista y cientista político brasileño, y presenta una reflexión del impacto del neoiliberalismo en Brasil. Este documento también presenta multitud de similitudes de lo que sucede en nuestro país.
Los textos siguientes hablan sobre el Neo-esclavismo y son de Carlos Barra Moulin, Profesor de la UAEH, en el Estado de México, y egresado de la UNAM en el año 1989 como Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública; de Stonerbrunch (blog sin firma); de la Ing. Liliana Puello López, Ingeniero Industrial por la Universidad de Cartagena de Indias, Colombia, Especialista en Gestión Gerencial Magister en Sistemas integrados de gestión Asesora en Sistemas de Gestión; María de Lourdes Martínez González, Periodista y Conductora de Frecuencia Laboral; Ramiro Ávila Santamaría, Coordinador del programa de Maestría y Especialización Superior en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolivar, Sede Ecuador (UASB-E). Estos documentos tienen como objetivo, el tratar de insertar en la mente del lector, al neo-esclavismo como resultado de la implantación del modelo neoliberal, ya que, si tomamos en consideración que el salario en México se ha debilitado a niveles de precariedad, esto se debe principalmente a que nuestros gobernantes han sido cómplices de esta tendencia, en aras de lograr una competitividad internacional de los productos maquilados en México y que se venden en el extranjero.
Por último, inserto varios textos en los que se define el papel del Estado, del Gobierno y finalizo con el documento que indica las obligaciones del Gobierno, con los cuales pretendo colocar una base documental que me permita desarrollar el análisis de como en México se han tergiversado los “beneficios” de una economía neo-liberal para beneficio de una clase política y capitalista.
Quiero aclarar, antes de iniciar mi “resumen” analítico, que el presente documento no pretende bajo ninguna óptica, ser una incitación a la rebelión, un manifiesto antigubernamental, o un documento sedicioso, puesto que el objetivo es únicamente informativo y educativo a fin de promover el entendimiento de lo que pasa en México y si se logra, buscar que el voto que se emita el 1º de julio sea consiente y que se logre alcanzar lo que todo el país quiere y necesita, que es un gobierno con fuerza que permita alcanzar la ruta económica prometida durante los últimos 80 años y que ha costado miles de vidas.
Iniciamos el presente resumen con una reflexión de Carlos Tello, publicado en la revista Economía Informa no. 364 del tercer trimestre del año 2010, publicado por la Facultad de Economía, de la UNAM:
- Me voy a referir al tema del Desarrollo Estabilizador, es decir la evolución de la economía nacional en los quince años que van de 1954 (año en que se lleva a cabo la devaluación del peso monetario frente al dólar estadounidense y que permitió la estabilidad cambiaria por más de 20 años) a 1970. Este es un periodo de referencia obligado, en cierto sentido emblemático de lo que, a juicio de no pocos, debe ser la forma de conducir el crecimiento de la economía nacional. Muchos añoran esta etapa de la historia económica del país.
- El período que va de 1954 a 1970, fue de prosperidad para los 16 países capitalistas más desarrollados. En esos años, en promedio, el crecimiento de su Producto Interno Bruto por persona fue de 4% al año, en términos reales, y la variación anual de los precios al consumidor fue de tan sólo 3.3% en promedio. Algunos de esos países registraron tasas de crecimiento económico espectaculares: Japón tuvo un crecimiento anual de su Producto Interno Bruto por persona de 9%, Alemania de 5% e Italia y Francia de algo menos de 5 %. Todos ellos con relativa estabilidad de los precios.
- La Edad de Oro del Capitalismo, como la ha llamado Angus Maddison, presentó oportunidades de todo tipo a los países en proceso de desarrollo. México fue uno de esos países que se organizó para aprovechar las que en materia de comercio, inversión, turismo, crédito y muchas otras cosas más ofrecía la acelerada expansión de la economía mundial.
- Ya en otros períodos México había registrado tasas de crecimiento relativamente aceleradas: durante veinte años, entre 1935 y 1953, el Producto Interno Bruto por persona, en términos reales, creció en promedio a una tasa anual de más de 3%. Pero ese crecimiento económico estuvo acompañado, en algunos años, por presiones inflacionarias. En cambio, de 1954 a 1970, el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto por persona, que fue de 3.4%, se logró con estabilidad de los precios internos. De ahí su nombre: Desarrollo Estabilizador. Nombre, por cierto, con el que presentó en septiembre de 1969 un documento Antonio Ortiz Mena en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial celebradas en Washington D. C., Estados Unidos.
- En la práctica, el Desarrollo Estabilizador fue una división del trabajo entre el gobierno, por una parte y, por la otra, los empresarios, los obreros (incluyendo maestros y burocracia) y los campesinos en la que cada quien ponía algo de su parte.
- Los empresarios, incluyendo –a los banqueros–, se comprometían a invertir, y mucho, y a cambio de ello tendrían utilidades considerables. El gobierno les daría el apoyo necesario, incluyendo todo tipo de subsidios, para que así fuese. El sistema tributario no gravaría en exceso a las utilidades de sus empresas y los intereses y los dividendos mantendrían su carácter de ingreso personal anónimo para fines tributarios. La industrialización del país, que llevarían a cabo fundamentalmente los particulares con el apoyo del sector público, se desenvolvería, en el capítulo de las manufacturas, bajo un rígido sistema de protección (tarifas y controles cuantitativos) frente a la competencia del exterior. A cambio de todo ello, los empresarios se comprometían a dejar en manos del gobierno (en realidad en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) todo lo relacionado con la definición de la política económica y social y ciertas actividades clave para el desarrollo nacional (i.e., energéticos). De surgir algún conflicto, se resolvería en los corredores de Palacio Nacional (domicilio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). De no llegarse a un acuerdo, se acudiría al árbitro de última instancia, el Presidente de la República.
- Un buen número de las empresas públicas que después de 1982 se privatizaron, se incorporan al sector público en estos años –en los del Desarrollo Estabilizador– y no, como suele pensar y afirmar un número importante de “expertos”, entre 1970 y 1982. Además, es interesante comparar todo ello con la actitud del gobierno del presiente Calderón frente a la quiebra de Mexicana de Aviación, empresa que prestaba un servicio público concesionado.
La anterior selección de textos de la revista comentada, es de suma importancia para entender por qué encontramos a los años 80´s a un México con un desarrollo industrial semi-competitivo ante un mercado mundial con avances tecnológicos importantes, siendo esta una razón de peso para el que presidente Miguel de la Madrid hiciera un cambio de rumbo en la economía del país, y en vez de presionar a la industria propia para evolucionar, fortalecerse y lograr una competitividad mundial, como lo fue el caso de países como Australia, Corea, China. En este punto es necesario recordar que nuestro destino económico está anclado a los intereses de miembros del gobierno que han mantenido durante décadas las políticas económicas que benefician a intereses extranjeros.
Retomado las ideas principales, podemos entonces decir que la venta de las empresas nacionales que se hicieron desde el sexenio de Miguel de la Madrid, nunca fueron claras, y hoy vemos que todas absolutamente tuvieron un tinte entreguista, pues en casos documentados, algunas empresas prácticamente se regalaron, al tener mayor deuda que el costo de venta, y lo interesante de este punto es que se vendieron sin deuda, misma que fue absorbida y cubierta por el Estado (Nosotros finalmente). Otro de los factores importantes a comentar, es que la entrada de México al neoliberalismo, hubiera tenido como consecuencia un proceso de crecimiento estable y sustentable, ya que al recibir inversión extranjera y en consecuencia apertura de fuentes de trabajo, la economía del país debiera mejorar, sin embargo el caso de México fue otro, ya que los dirigentes gubernamentales, junto con los grandes inversionistas nacionales y extranjeros, establecieron reglas de trabajo en los cuales el trabajo quedó condicionado a un salario sin futuro, en tanto que los grandes funcionarios se hicieron socios o se emplearon en las grandes corporaciones como asesores o directores adjuntos, con el objeto de mantener los privilegios “contratados” con los funcionarios del gobierno.
La continuidad de las ventas de empresas y concesiones a particulares, principalmente de origen extranjero, que se dieron en los sexenios de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y en el de Peña, en ningún caso han reflejado un beneficio para el país o para la economía del pueblo mexicano, sino por el contrario, las políticas proteccionistas impuestas por estos gobiernos han afectado primeramente el desarrollo del salario mínimo, originalmente por la regionalización de los mismos, seguidamente por el cambio en la reforma en la estructura y objeto de la ley Federal del Trabajo, en la cual se ha permitido que las empresas se desliguen del compromiso laboral al efectuar contrataciones a través de un “outsourcing” con el objeto de “lograr un desempeño más efectivo en su proceso productivo” y esquivar la responsabilidad jurídica y laboral del trabajador. Esto que finalmente se ha vuelto ya una costumbre en nuestro país, impactará en definitiva en la generalidad de la población económicamente activa, ya que ante la grave crisis de pensiones que de momento se ha detenido, o está previsto su fin para el año 2020, la nueva ley del Seguro Social y ISSSTE ya no contempla la creación del fondo de pensiones, sino que ahora se prevé que a través de las afores cubran esa importante fuente de ingresos para la edad adulta o para el fin de la vida laboral.
Sin embargo, la realidad es otra, ya que, para poder “generar riqueza” para las portaciones a las afores, se ha autorizado legalmente que se utilicen estos fondos en el financiamiento de obras públicas, en muchos casos ajenas al beneficio del usuario del afore, como lo es el caso del nuevo aeropuerto de México, entre otros.
Esto quiere decir que si la inversión no logra los beneficios prometidos (como lo han sido hasta hoy los proyectos y políticas gubernamentales) entonces el usuario de la afore se verá en problemas al perder sus aportaciones al permitir que su dinero participe en las finanzas en algún proyecto incierto y del cual él no autorizó directamente, sino que el gobierno autoriza a las “Afores” a jugar en este mercado financiero con un dinero que no es propio y en un riesgo que no asumirán en caso de quiebra, ya que todos estos riegos están soportados nuevamente por el gobierno (o sea, nosotros nuevamente) y es factible que se traduzcan en nuevos FOBAPROA, FARAC, o en un incremento desmedido de la deuda externa, etc. como ya ha sucedido anteriormente. Pero este tema es motivo de algún otro comentario. De momento es importante mantener la idea de que la precarización del salario, aunado a la pérdida del soporte legal ante los eventuales despidos injustificados, o finalmente ante la pérdida del beneficio de las pensiones para la enfrentar con “dignidad” la vejez es algo que está ya en la mente de todos los que están trabajando bajo el nuevo régimen del Seguro Social, por lo que este panorama actual, se torna sombrío y hasta aterrador para las siguientes generaciones.
Esta circunstancia es justamente la que nos permite comentar que la aplicación del modelo neoliberal en México, consistente en la privatización de los principales factores económicos y productivos del país, que originalmente eran propiedad de la nación y en consecuencia de nosotros como mexicanos, y que como resultado, nos han llevado a la precarización no sólo del salario, sino también de los mini-negocios existentes, como son farmacias, tiendas, papelerías, etc, mismas que ahora son OXXOS, Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, inclusive hasta ferreterías y tlapalerías, obligan al mexicano a buscar oportunidades de ingreso en otros factores no controlados de la economía, como lo es el comercio informal entre otros.
La población que tiene facilidad de acceder a estos negocios informales, enfrentan el problema de que también esta rama está controlada por políticos, familias (Barrios en la CD de México) o por mafias como en Tepito, La Lagunilla, Doctores, Narvarte, San Juan, Bordo de Xochiaca, etc. (en todos los casos, al amparo de funcionarios públicos e incluso de diputados o senadores, que a través de estos grupos presionan leyes o estímulos que sólo los beneficia a ellos, teniendo como arma el volumen de votantes que tiene a su servicio, mismo caso que algunos sindicatos como el petrolero o el de educación por nombrar sólo algunos, en la zona metropolitana de la Ciudad de México), restringen aún más las posibilidades de lograr ingresos que le permitan solucionar las necesidades familiares a la generalidad de la población.
Ante este escenario, la mayor parte de la población tiene entonces que acceder a contratarse bajo los esquemas permitidos como es el entrar a trabajar a empresas con un nombre “X”, y que les pague la empresa “Z” a través de contratos sin prestaciones, sin antigüedad, y en condiciones laborales extremas, como el ya comentado y conocido de las empresas de seguridad. Este esquema se replica también, en menor medida, en las empresas de limpieza y en pequeños negocios como panaderías, OXXO, Super 7, Seven Eleven, etc. donde la base es el salario mínimo más un pequeño porcentaje sobre ventas.
Existe otra modalidad para empleados de mayor nivel educativo y consiste en lograr un buen ingreso, pero pagando cuotas del seguro social por un salario mínimo, y la diferencia en pago en efectivo lo que resulta atractivo inicialmente para el trabajador, pero que repercute en los beneficios de aportaciones a las afores, lo que finalmente se revierte dañando al trabajador.
En los textos anteriores al resumen, coloqué a propósito algunos correspondientes a la descripción del capital social del país, del estado, del gobierno y finalmente de las obligaciones del gobierno. La intención de estos documentos estriba en lo siguiente:
México al conformarse como nación, surgida de los movimientos independentistas de 1810, del revolucionario de 1910 y del proceso de pacificación o reacomodo de fuerzas posterior en el cual surge en los años 20´s la conformación de un estado constitucionalista basada en la Carta Magna de 1917 y las consecuencias de esta carta ante Estados Unidos. Bajo este contexto llegamos al gobierno de Adolfo de la Huerta, seguido de Álvaro Obregón y después por Plutarco Elías Calles, donde finalmente surge un país ya pacificado, en condiciones de lograr un crecimiento económico estable, sin olvidar el periodo del Maximato y sus consecuencias. Es en este periodo donde surgen las principales leyes que permiten por un lado la inversión privada para propiciar el desarrollo (inversiones que son altamente protegidas por los gobiernos), y por otro, leyes que permiten a los trabajadores, la contratación bajo un esquema equilibrado y protegido, como lo fue la primera ley federal del trabajo emanada del gobierno de Emilio Portes Gil, y que con el paso del tiempo fue modificada hasta llegar en 1971 a ley federal de trabajo que funcionó “bien” hasta las modificaciones efectuadas en el año 2012 por Felipe Calderón aprobadas por la Cámara de Senadores el 13 de noviembre de 2012 y publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012, con fecha de aplicación al día siguiente de su publicación, el 1º. de diciembre de 2012, lo anterior al amparo del documento México 20-30, proyecto de gran visión (Visión 2030 para la CEPAL), presentado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa en el año 2006 y avalado y aplaudido por el ex presidente Carlos Salinas.
Ante este panorama, el proceso de empobrecimiento del gran volumen de la población es y ha sido inminente, al extremo de que las condiciones actuales de contratación laboral rayan ya en contratos que prácticamente vuelven esclavo al trabajador.
Este es, a mi parecer, el panorama que vivimos, en el cual el crecimiento poblacional se ha vuelto una moneda de cambio ante el mundo y como ejemplo está el documento Salario mínimo e inflación, editado en el año 2016 por el Banco de México, cuyo objetivo fue demostrar ante el Banco Mundial y el FMI el comportamiento del salario siempre por debajo de la inflación (ésta es la razón por la cual tanto Canadá como EUA pugna porque en México los salarios se vuelvan competitivos dentro del TLC), ya que la competitividad de México ante el mundo está basada principalmente en salarios bajos, lo que en la realidad y ante el mundo permite que los costos de producción en México, sean más bajos que en el resto de los países miembros de la OCDE.
Es necesario destacar que el Estado Mexicano ha fallado a través de los más de 80 años en que ha gobernado el PRI y el PAN, quienes han dado continuidad al modelo económico implantado y cimentado por Miguel de la Madrid Hurtado, contrariamente a lo que han estado ofreciendo en las campañas presidenciales, donde el mayor factor de convencimiento siempre han sido sacar a México de la pobreza, incluyendo en este tránsito la implantación de más y más impuestos como medidas compensatorias para lograr mejores condiciones de vida a través la construcción de infraestructura entre otras necesidades.
Por lo anterior, me atrevo a preguntar, ¿el modelo Neoliberal es realmente un modelo de Neoesclavismo? o quizás debiera preguntarse si Neoliberalismo es igual a Neoesclavismo.
Lo cierto es que, ni aun con el esquema de desarrollo estabilizador, ni con el Neoliberalismo, el pueblo o la población económicamente activa ha recibido los beneficios que debiera haber proporcionado, como obligación, los Gobiernos Federales y Estatales, ni las políticas económicas implantadas, ni las políticas fiscales e impositivas, ni los gasolinazos, ni las reformas estructurales, pues solo han sido mecanismos que han permitido al gobierno la venta indiscriminada de la riqueza del país para mantener a una gran cantidad de Funcionario Públicos, Diputados, Senadores, Asesores, cuyos fines son el enriquecimiento y la creación de leyes y normas que les aseguren a ellos la permanencia en el poder, como lo fue durante más de 30 años el Sindicato de Trabajadores de la Educación, quien al romper con Zedillo y pasarse a apoyar al PAN, es señalado ya como delincuente (Caso de Elba Esther y de Napoleón Gómez) pretendiendo hacernos olvidar que fue el PRI quien creó ese sindicato (entre otros muchos, y los aglutino en la CTM, CROC, CROM, etc.), y quien gozó durante varios sexenios de sus millones de votos para permanecer en el poder, y quienes propiciaron también que sus líderes se enriquecieran, como lo sigue haciendo Carlos Romero Deschamps, tanto como senador vitalicio, como líder del sindicato petrolero. Asimismo, debemos recordar que al propiciar la existencia de un sistema multipartidista, a partir de la LOPPE de los años 80´s, se permite -además de dispersar grandes cantidades de dinero para permitir su existencia- pulverizar el voto, con lo cual también se asegura la permanencia en el poder y a la nación se le permite pensar que es un proceso democrático.
Por último, y ante el gran momento que vamos a vivir el 1 de julio de 2018, me atrevo a decir lo siguiente: No habrá cambio en el modelo económico o en el rumbo del país, mientras el pueblo no le exija a sus gobernantes, la implantación de medidas fiscales y económicas que tengan como objetivo el mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, pero nunca si votamos por un personaje que prometa el sueño y entregue pesadillas. Ya llevamos más de 60 años con esta canción y el resultado es exactamente lo contrario.
Asimismo, es necesario la creación de un plan de desarrollo económico que no sea sexenal, sino que sea un plan realista que pueda perdurar por varios lustros y que sus modificaciones o actualizaciones sean únicamente para actualizarlo o para corregir desviaciones, pero que se mantenga la meta, y que los gobernantes sean valorados en base a los logros obtenidos para alcanzar la meta.
También es necesario eliminar el sistema multipartidista y pugnar porque los gobernantes y funcionarios emanen de las mismas instituciones en base a su experiencia y por sus aportaciones al logro de las metas y objetivos transexenales, y evitar que sean amigos o parientes del presidente, y evitar también que salten de unas a otras secretarias o curules, buscando la permanencia en el poder y vivir del presupuesto sin aportar beneficios a la nacion.
Por último, considero también necesario, el re-estructurar el Sistema Jurídico, Legislativo y Judicial para hacerlo eficiente y coherente con nuestra realidad, también evitando que los jueces y magistrados sean benéficos (o a modo) para los funcionarios y gobernantes, sino que su trabajo y desempeño esté enfocado a eliminar las zonas de oportunidad para la corrupción o los negocios opacos, y se convierta en lo que debe ser, una entidad que aplique las leyes en beneficio de la sociedad y del país.
Como se ha visto, en estas campañas políticas que padecemos minuto a minuto, nadie propuso algo similar. Lo que vimos es que al puntero le estuvieron pegando primero, después copiando sus “propuestas” y finalmente llegamos a la guerra sucia, donde la nación no sale ganando, sino que se aplican distractores para la población a fin de que se pueda percibir que si hay investigación, o que van a meter al Presidente a la cárcel, o que les van a cortar las manos a los malhechores, pero nada en concreto que sirva al País y mucho menos a la población de menores recursos, que son sean promesas de acabar con la pobreza, de mejorar el salario, de hacer mejores carreteras, de acabar con el crimen organizado. Todo, absolutamente todo, imposible de alcanzar, pues estamos dentro de un esquema neoliberal que finalmente controla al gobierno y cuyo objetivo es crear mano de obra barata que sirva y que se pelee por lograr un salario, aunque sea precario.
Y como dice un comentarista de apellido Alemán:
Una última reflexión:
Dijo el Arq. Jaime Martínez Veloz, en entrevista con Proceso y primer peñista que deja el cargo para unirse con MORENA:
“ Está claro que había otra postura en el gabinete (De Peña Nieto) que siempre privilegió un modelo económico que ha generado una enorme crisis social.”
¿Será?
PUES A VOTAR EL PRIMERO DE JULIO.
Nota del compilador: El presente documento se hace sin fines de lucro, su objetivo es meramente informativo. Todas los textos e imágenes provienen de internet. Agradezco desde aquí el apoyo para usarlos en el presente documento y tiene como objetivo el subrayar nuestro presente junto con los textos que son en su mayoría del año 2006.
Otras lecturas recomendables, para abundar en los temas:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/calderon_m_is/capitulo2.pdf
https://www.significados.com/neoliberalismo/
https://www.sopitas.com/266406-maquina-del-tiempo-recordando-las-privatizaciones-en-mexico/
https://www.azc.uam.mx/csh/sociologia/sigloxx/cronologiademexico.html
https://www.abogadosenmexico.info/pagina_historia-de-la-ley-federal-del-trabajo/
http://www.diputados.gob.mx/servicios/datorele/cmprtvs/iniciativas/Inic/340/2.htm
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/junta_federal/secciones/consultas/ley_federal.html
https://www.proceso.com.mx/222073/presenta-calderon-su-plan-mexico-20-30-proyecto-de-gran-vision
http://archivo.cepal.org/pdfs/GuiaProspectiva/VisionMexico2030.pdf
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2010/02/21/proyecto-mexico-2030-la-venta-de-un-pais/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/160220/SalarioMinimo_e_inflacion_1.pdf
https://portaldelasculturas.wordpress.com/2012/09/17/camino-al-neoesclavismo/
http://antisistema666.blogspot.com/2017/12/el-neo-esclavismo-vivir-para-trabajar.html
https://www.forbes.com.mx/que-privilegios-no-perdio-el-sindicato-de-pemex/
https://www.youtube.com/watch?v=G2XnPnuslyA
https://www.youtube.com/watch?v=866u2bWDcBY
https://www.forbes.com.mx/napoleon-gomez-urrutia-la-verdad-nunca-he-sentido-miedo/
https://www.youtube.com/watch?v=yM5Lj4YT4-o
Sobre los Tratados de Bucareli:
https://www.youtube.com/watch?v=f66JwzgPR4s
https://www.youtube.com/watch?v=BtYWEXCzcx4
https://www.youtube.com/watch?v=jK-70Lu6L2E
https://www.youtube.com/watch?v=u-DncXXUAw0
https://www.youtube.com/watch?v=j8bT42T1OBk
http://www.jornada.unam.mx/2004/01/09/016a2pol.php Tratados de Bucareli.
Sobre el caso de alimentos transgénicos en México:
https://expansion.mx/empresas/2018/03/26/que-le-espera-a-mexico-con-la-fusion-de-bayer-y-monsanto http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-frena-a-monsanto-en-entidades
http://www.sinembargo.mx/14-06-2017/3239768
